Un gobierno abierto para recuperar la confianza ciudadana

Recuperar la confianza de los ciudadanos es un tema que debe ocupar a todos los órdenes de gobierno y a los tres poderes de la Unión por igual, pues de lo contrario, la situación actual puede dar lugar a procesos espirales de ingobernabilidad.

El déficit de credibilidad en las instituciones de seguridad fue ignorado por los gobiernos anteriores, lejos de activar políticas públicas para fortalecer a las corporaciones policiacas o de inteligencia eficientes al servicio del país, se tomó la decisión de administrar sin transformar lo que a claras luces evidenciaba ineficacia y como espiral auspició la expansión de ingobernabilidad en diversas regiones del país.

Esto derivó en el desinterés ciudadano por los asuntos públicos, ingrediente fundamental de toda democracia saludable, de todo gobierno que se precie de trabajar por optimizar la calidad de sus procesos en abono a la gobernanza. El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, lo sabe, por ello ha tendido un puente que permita unir las manos de credibilidad ciudadana con una administración que se sabe al servicio de México.

Un buen primer paso para convertirlo en hechos concretos es la promoción de acciones enfocadas a fomentar la transparencia gubernamental de la mano del combate a la corrupción.

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral, cuyo objetivo es consolidar los esfuerzos realizados en materia de transparencia, acceso a la información gubernamental y combate a la corrupción, mediante la suscripción de propuestas globales e instrumentos internacionales. Tal es el caso de México que desde 2013 compartía la presidencia del Comité Directivo de la AGA con Indonesia y, desde el 24 de septiembre pasado la asumió de forma individual.

El presidente Enrique Peña refrendó su compromiso con la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía. Empero, insumo fundamental de las democracias de calidad. El primer mandatario se comprometió a promover la transparencia y la rendición de cuentas como prácticas cotidianas de todos los poderes y órdenes de gobierno no sólo de nuestra gran nación, sino de los 64 países miembros. Expuso los tres ejes de acción que México impulsará al presidir la Alianza: 1) Llevar los principios del gobierno abierto a la práctica, a herramientas operativas que permitan un desarrollo incluyente; 2) Consolidar el concepto del gobierno abierto mediante una alianza más sólida y amplia entre sociedades y gobiernos basada en la confianza y, 3) Hacer de la alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de experiencias exitosas, identificando y adoptando las mejores prácticas internacionales.

Esta plataforma será un nuevo paradigma, que revolucionará la forma en que ciudadanos y autoridades colaboran en el diseño y evaluación de políticas públicas. Estamos frente a una gran oportunidad para impulsar iniciativas de parlamento abierto, poder judicial abierto y ciudades abiertas, para promover la transparencia y rendición de cuentas. El Senado no está ajeno a ello, y trabajando con amplio y plural Comité de Redacción de la legislación secundaria en materia de transparencia que abra el camino a las acciones que impulsará el gobierno federal, de tal manera que la transparencia y la respuesta de los servidores públicos nunca más sea una opción sino una obligación.

Es cierto, México deberá atender retos importantes en la materia. Algunos muy puntuales tienen que ver con cuestiones técnicas, como el tránsito a los datos abiertos o la homologación de sitios de internet informativos de las dependencias públicas. Además de facilitar cada vez mayores trámites burocráticos a través de plataformas en internet y, mejorar los mecanismos para recopilar y evaluar la satisfacción de los usuarios de dichos servicios.

Compromisos como la Alianza para el Gobierno Abierto son, sin duda, un buen inicio para que la información gubernamental sea pública. Sabemos que publicitarla no puede considerarse el último paso del gobierno abierto. Será necesario caminar a la par en la relación entre el gobierno y la ciudadanía, permitiendo que ambas parte se nutran de sus experiencias, con el fin de transitar de la participación reactiva e informativa, a la colaboración, empoderamiento e involucramiento en los asuntos públicos que competen a todos.

En otras palabras, la AGA, implica a transitar de la rendición de cuentas que conlleva implícitamente una responsabilidad punible ante la comunidad, a la responsabilidad que obedece a una conducta ética permanente por convicción.

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