Rediseñar reglas para la reinserción social

OPINIÓN 23/07/2015 05:00 Actualizada 05:00

Si existe un común denominador respecto a los centros penitenciarios, cuya misión es la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir —como estipula el artículo 18 constitucional—, es el uso desmedido de la prisión como medida cautelar y punitiva.

Datos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales revelan el aumento indiscriminado de la población carcelaria durante las últimas décadas, con una tasa de 250 presos por cada 100 mil habitantes, colocando a México en el tercer lugar de la región con más reos, después de Estados Unidos y Brasil.

En el territorio nacional se encuentran recluidas 242 mil personas —de las cuales 4.54% son mujeres y el 21% están bajo jurisdicción federal— de estas, 105 mil 600 aguardan se les dicte sentencia, lo cual nos coloca junto con Venezuela, Haití, Cuba, Ecuador y Guatemala, dentro de los países con mayor uso de la prisión preventiva, de acuerdo al “Informe sobre el Uso Preventivo de la Prisión en las Américas” publicado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 2013.

El lado contrario de la moneda lo refleja Uruguay que en 2011 reportaba 9 mil 067 presos, de los cuales 65% contaba ya con calidad de procesado.

Estos datos no son una comparación estéril, por el contrario, obligan a repensar la operación del sistema penitenciario mexicano en términos de la sobrepoblación; el abuso de la prisión preventiva; la inobservada presunción de inocencia y la aún lejana reinserción social.

Ante este panorama habrá de tener presente cuatro variables circunstancialmente razonables: 1) El desafío permanente que afronta el Estado mexicano en materia de seguridad; 2) El firme compromiso de respeto a los derechos humanos; 3) La capacidad para operar totalmente en junio de 2016 el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y, 4) La capacidad de financiamiento público para permitir la operación eficaz de los centros penitenciarios —cabe recordar que del ajuste general por 124 mil 300 millones de pesos al ejercicio fiscal 2015 anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se disminuyeron 2 mil mdp al Programa de Administración del Sistema Federal Penitenciario.

Como se aprecia, la pena de prisión tiene un alto costo social y económico, no podemos insistir en legislaciones que solamente endurezcan la pena privativa de la libertad —95% de los delitos— sin indagar mejores mecanismos de solución como la reciente Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014.

Basta imaginar el actual entorno económico y el precio de configurar un nuevo sistema penitenciario sin la intervención de otros actores, cuando el costo total promedio de la prisión preventiva, alcanzaba ya en el 2006 los 5 mil 794 millones de pesos. El llamado es a que los sectores social, privado y gubernamental, en conjunto, construyamos un marco jurídico que otorgue respuestas a los retos vigentes.

Contamos con avances en las mesas interinstitucionales de diálogo donde han participado la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conjuntamente con el Poder Legislativo Federal.

La LXIII Legislatura muy pronto deberá presentar reglas modernas con suficiencia presupuestal para garantizar la gobernabilidad de los centros penitenciarios y alcanzar la meta deseada por todos: lograr una efectiva reincorporación social de quienes delinquieron y brindarles la oportunidad de llevar una vida digna.

*Senadora de la República
Secretaria de Mesa Directiva
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