De Casitas del Sur a Mamá Rosa

Mié, 23/07/2014 - 05:00

La semana pasada, después de un aparatoso operativo policiaco, se destaparon las condiciones de hacinamiento, insalubridad y violaciones sistemáticas de derechos en los que vivían casi 600 personas en el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán.

Parece que la historia se repite una y otra vez. Sólo cambia el nombre del albergue; el número de niños.

El 29 de enero de 2009, la sede del albergue Casitas del Sur, en el Distrito Federal, fue "tomada" por agentes de la Procuraduría capitalina a raíz de la denuncia de una familia que buscaba a su hija Ilse Michel. La encargada del albergue, Elvira Casco Majalca, negaba entregar a la pequeña y aludía que ésta había sido víctima de abuso sexual. De hecho, según los documentos exhibidos así había sido, pero un juez había otorgado la custodia a la abuela materna, quien podía ofrecerle un buen hogar.

En el operativo de entonces fueron rescatados 126 niños; una de ellos, una pequeñita de cuatro años, llevaba los apellidos Casco Majalca. Ahora ocurre lo mismo en el caso de Mamá Rosa: diversos menores llevan los apellidos de la fundadora del albergue, lo cual permite que la mujer haga lo que quiera con ellos, ya que legalmente ella es su madre.

Volviendo a Casitas del Sur: habían sido sustraídos 11 menores; entre ellos, por supuesto, la niña Ilse Michel. Hasta la fecha han sido recuperados 12 pequeños, los tres últimos en el primer semestre de 2014.

Como en el caso del albergue de Zamora, Casitas del Sur recibía aportaciones de diversas instancias, tanto estatales, como donaciones por parte de comercios e instancias privadas. Dinero por el que no había que rendir cuentas.

En ese entonces, Casitas del Sur fue la punta del iceberg. Se denunciaron otros albergues, tanto en Cancún, como Monterrey. Hay hasta la fecha, más chicos desaparecidos. En Zamora, ocurre lo mismo. Hay denuncias de que Mamá Rosa era dueña de otros albergues más.

Entre los escándalos de Casitas del Sur y La Gran Familia hay un lapso de cinco años. En 2009, tras examinar el caso referido, legisladores y derechos humanos denunciaron que ninguna instancia tenía controles efectivos sobre los albergues privados. Se denunció también que no hay censos sobre las personas que habitan estos lugares. Se habló de la necesidad de fiscalizar sus recursos.

Han pasado cinco años. Y un nuevo escándalo. Nada ha cambiado. Y es que la asistencia privada, así como está, puede ser un hoyo negro para la trata de personas. Y es, además, un gran negocio.

Glosario de supervivencia

Buenas intenciones:  Empedrado rumbo al infierno.

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