La corrupción es un fenómeno complejo que detiene el trabajo de las instituciones, desacelera el crecimiento económico, inhibe el desarrollo social y genera inestabilidad política. Conscientes de ello, en el Congreso de la Unión debatimos y aprobamos la reforma en materia de combate a la corrupción, que busca coordinar y homologar las acciones y políticas de los tres órdenes de Gobierno.

Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNC), el cual estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Dicho Comité tendrá atribuciones para emitir recomendaciones a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, es decir, tendrá las facultades para diseñar y promover políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos; prevenir, controlar o disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción.

Asimismo, dota a la Auditoría Superior de la Federación de más facultades para realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios.

Los cambios a la legislación prevén que las responsabilidades administrativas y actos de corrupción cometidas por funcionarios serán investigadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación, como por órganos internos de control.

Desde mi punto de vista, un aspecto sustancial de esta propuesta es que establece un nuevo esquema para el fincamiento de responsabilidades a los particulares que participen en la comisión de faltas administrativas o actos de corrupción.

Me queda claro que este ejercicio es propio de sociedades democráticas en el que los ciudadanos no sólo participan en elecciones libres, sino también, están dispuestos a sumar esfuerzos y aportar su talento para que las instituciones públicas y el gobierno funcionen mejor.

No tengo duda de que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Senado de la República responde de nueva cuenta a la sociedad mexicana y refrenda su compromiso en construir las condiciones para crear un gobierno abierto, transparente y cercano a la sociedad.

No hay que perder de vista que son tiempos de transformación que nos exigen la construcción de un marco jurídico moderno y de vanguardia. Queremos un México de orden, en el que no exista corrupción e impunidad, ese es nuestro gran objetivo.