La gobernabilidad democrática de la CDMX se ha deteriorado desde hace unos años a la fecha. Los lamentables hechos sucedidos el pasado 3 de enero, son el punto climático de la violencia iniciada desde hace ya tres años. De 2015 a la fecha, Morena ha denunciado al menos 20 hechos de violencia política en la ciudad, por ejemplo:

El 11 de abril de 2015 en GAM, el 20 de febrero de 2016 en V. Carranza; el 3 de abril de 2016 en GAM, 5 de mayo de 2016 en Coyoacán; 22 de marzo de 2017 en Coyoacán; 7 de julio de 2017 en Iztapalapa; 16 de julio de 2017 en Iztacalco; 27 de julio de 2017 en GAM; 19 de agosto de 2017 en Iztapalapa; 27 de septiembre de 2017 en Iztapalapa; 11 de octubre de 2017 en Iztapalapa; 26 de noviembre en Iztapalapa y 15 de diciembre de 2017 en Coyoacán.

Además, en Coyoacán hay reportes de al menos 45 agresiones contra brigadistas y militantes de Morena. Todos, denunciados ante autoridades; pero la respuesta ha sido nula. Ese fue el caldo de cultivo de los hechos del pasado 3 de enero.

No obstante, los ataques a la libertad política no se han vivido sólo en las calles. Instituciones como la Procuraduría capitalina y la Contraloría General se han utilizado para enderezar persecuciones contra los opositores. El caso más emblemático, también verificado en Coyoacán, es el de Alejandro Robles, quien desde noviembre de 2015 es perseguido por la Procuraduría local en un proceso lleno de falsificaciones, irregularidades y violaciones a sus garantías, que han sido reseñadas por la prensa nacional. La violencia y el uso faccioso de las instituciones de justicia, no son los únicos factores que vulneran la democracia en la urbe. También la compra y coacción del voto presentes.

Destaca el uso electoral de la condonación del pago del agua de 2016, cuando el gobierno benefició de forma anómala y con marcada intención electoral a delegaciones gobernadas por su partido.

También está el tema del Programa de Empleo Temporal; el gobierno contrató unas 70 mil personas en delegaciones gobernadas por su partido con más de mil 134 millones de pesos, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente en 2016.

Incluso, prácticas abiertas de fraude electoral se han vuelto a presentar. Recordemos que en 2015 se detectaron cuatro actas falsificadas que se dieron por buenas en GAM; las autoridades electorales locales negaron el recuento voto por voto y casilla por casilla.

En resumen: la violencia, uso torcido de las instituciones, compra del voto y defraudación electoral son fenómenos que amenazan las próximas elecciones en la ciudad. En todos los casos mencionados hay una fuerza política involucrada: el partido que gobierna la ciudad.

Lo más preocupante no es lo que ha ocurrido, sino lo que pueda ocurrir en este año electoral. Las decisiones tomadas por el Gobierno de la Ciudad y la Asamblea en torno al presupuesto de la ciudad obligan a prender los focos rojos:

Los incrementos presupuestales a las delegaciones gobernadas por el PRD rebasaron los 400, 500 y 600 mdp, mientras que, a las delegaciones gobernadas por Morena, se les asignaron aumentos que no rebasan los 150 millones. Asimismo, se otorgó a tres diputados locales la posibilidad de asignar recursos destinados a la reconstrucción de forma discrecional y, por si fuera poco, se permite derivar a una delegación recursos del Programa Prepa Sí.

Este escenario deja ver que existe el riesgo de que se lleven a cabo operativos de compra de votos con recursos públicos desde el gobierno central y diversos gobiernos delegacionales.

Las autoridades electorales deben atender estas alertas para desterrar las amenazas a la democracia que se han presentado en la capital y garantizar un proceso limpio, transparente, equitativo, imparcial, libre, pacífico, legal y democrático, digno de toda sociedad avanzada como la que constituye nuestra gran ciudad.