El crimen de Iguala cumple el lunes cuatro meses de ocurrido y no sólo no se ha aclarado, sino que sigue atizando las expresiones de odio social y enredando cada vez más al gobierno.

Parece no haber lugar en el que la gente hable del tema y se pregunte ¿qué pasó con el gobierno?, ¿cómo explicar su pasmo?

Hubo en esto, a saber, un error de origen: o Peña Nieto y sus operadores políticos, Osorio Chong y Aurelio Nuño, no midieron correctamente las consecuencias de los hechos de Iguala o los rebasó la inexperiencia o, de plano, quedaron atrapados en medio de intereses inconfesables.

Cualquiera de esas tres razones, explicaría el desdén, primero, y la tardanza, después, con que enfrentaron la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre. El domingo 28 de septiembre fue la nota principal en varios periódicos locales y nacionales. Ese mismo domingo se supo de la desaparición de los estudiantes.

El martes 30 de septiembre, Peña se refiere al asunto, sin especificarlo, como uno del ámbito local respecto al cual, dijo, el gobierno de Guerrero debe asumir su responsabilidad.

El miércoles 1 de octubre, el secretario de Gobernación estaba más preocupado y ocupado en el lance mediático de la protesta politécnica: sale a la calle, en mangas de camisa, a ofrecer diálogo a los jóvenes y cosecha el aplauso del respetable.

La PGR y Murillo Karam, por su parte, se centran el jueves 2 de octubre en la detención del capo Héctor Beltrán Leyva y en el inicio de un proceso en el ámbito civil de los militares involucrados en la matanza de Tlatlaya.

Es hasta el viernes 3 de octubre cuando Osorio Chong respalda lo dicho por su jefe tres días antes: “el asunto está en el ámbito local”, dice. Y agrega que el gobierno federal sólo apoyará en la búsqueda de los desaparecidos. Para entonces ya se ha filtrado la información de que uno de los muertos en Iguala fue encontrado desollado y que el gobierno cree que fueron dos cárteles del narcotráfico.

El sábado 5 de octubre se descubren las primeras fosas clandestinas en Iguala, la PGR atrae la investigación y ‘Los Chuchos’ Zambrano y Ortega del PRD, desvinculan de responsabilidad al alcalde José Luis Abarca y al gobernador Ángel Aguirre, ambos ex priístas apoyados ahora por el partido del sol azteca.

Para entonces han cundido las protestas. No sólo en México, sino en diversas ciudades del mundo. Se ha acabado el ‘mexican moment’ de las reformas, para dar paso, dice un buen amigo columnista, al ‘mexican lapsus’.

Es hasta el jueves 9 de octubre, muy presionado por las protestas internas y externas, que Peña Nieto recibe en Los Pinos a los padres de Ayotzinapa, en una larga e inútil reunión que sólo enreda más las cosas y atiza la incredulidad de los familiares.

De ahí vino la investigación encabezada por Murillo Karam y Tomás Zerón, la acusación de Abarca, la licencia de Aguirre, la captura de los policías que detuvieron a los jóvenes y los entregaron a una banda delincuencial; y la hipótesis de que ésta los incineró en un basurero de Cocula, pulverizó sus restos y los esparció en el terreno. Los pocos despojos que se recuperaron fueron sometidos a análisis genéticos altamente especializados que sólo permitieron la identificación de uno. Imposible la de los otros 42.

Dicen los sesudos analistas que Peña Nieto debió haber dejado todo en el ámbito local. ¡Nooo! Por dejarlo ahí, empezó la complicación. A poco e francés Hollande tardó más de una hora en enfrentar el tema del atentado terrorista en París o más de dos días en liquidar a los responsables.

¿Por qué Peña Nieto no agarró ‘ipso facto’ ‘el toro por los cuernos’? ¿Por qué no atendió de inmediato a los padres de las víctimas? ¿Por qué, si había indicios de la participación de policías, no asumió la parte de responsabilidad que le correspondía como jefe del Estado? ¿Por qué no procedió, de inmediato, contra el gobernador Aguirre y el alcalde Abarca? ¿Por qué no sometió a investigación al jefe de la sección militar de Iguala? ¿Por qué no advirtió de la clase de vínculos y relaciones de los normalistas de Ayotzinapa con una guerrilla vigente y actuante y con movimientos radicales como los de la Ceteg? ¿Por qué no evidenció los tentáculos del crimen organizado?

Quizás, de haberlo hecho, otro gallo cantaría.