Otro derrame y la presa de Padrés

Lun, 22/09/2014 - 05:00

Sonora es estos días un verdadero enredijo en el que se confrontan y dirimen fuertes intereses políticos y económicos, tras la catástrofe ambiental provocada por el derrame tóxico de una mina concesionada al poderoso Grupo México, ocurrido el 6 de agosto pasado por la negligencia y prepotencia de quienes la operan.

Pero un nuevo vertido de veneno al río Bacanuchi de la mina Buenavista del Cobre el pasado jueves 18 de agosto, viene ahora a complicar no sólo la contaminación de ese manto de agua, sino la ya de por sí tensa la relación entre el propietario de Grupo México, Germán Larrea, con los gobiernos local y federal.

Ambos gobiernos no tendrían por qué llamarse a sorpresa por la reacción reticente y confrontadora de Larrea, pues el poder salvaje, casi sin control, del que es encarnación, nació y se fortaleció con una legislación minera a modo, laxa y entreguista de nuestros recursos minerales, aprobada a principios de los 90 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortai.

Larrea y el Grupo México mintieron al atribuir a fuertes lluvias, por cierto inexistentes en los registros, el derramamiento de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Bacanuchi, que después contaminó a su afluente el Sonora. La contaminación afecta a unos 20 mil sonorenses de siete municipios: Arizpe, Banamichi, Baviácora. Aconchi, Cananea, Ures y Hermosillo.

Pero poco podía exigir el gobernador Guillermo Padrés Elías al poderoso Larrea, que lo apoyó con todo en su campaña como candidato del PAN al gobierno del estado. De ribete, mientras nadaba de muertito ante la catástrofe, el programa Punto de Partida, de Denisse Merker, reveló que el mandatario sonorense había construido, en terrenos de su propiedad, una presa para garantizar su suministro de agua. Padrés respondió que la presa llevaba mucho tiempo en terrenos de su familia, lo que fue desmentido mediante fotos satélites anteriores a su gestión, en las que la presa no aparece porque no estaba.

Y así, conforme Larrea jugaba a vencidas con el gobierno de Peña Nieto, la posición del gobernador de Sonora quedaba en entredicho. Aún así, con el fardo a cuestas de su presa particular (sobre la que Conagua dijo que investigaría y tomaría medidas), Padrés buscó capitalizar el golpe de mano presidencial que obligó a Grupo México a aceptar su responsabilidad en la catástrofe ambiental y a hacer una aportación inicial de dos mil millones de pesos para crear un fideicomiso encargado de resarcir a la ciudadanía, el daño causado por el derrame.

Pero si Larrea apenas y hacía caso a las instrucciones presidenciales, ¿qué podía esperar Padrés? En los hechos ni lo pelaba. Acaso por eso, el gobernador de Sonora, endureció su posición y el viernes pasado, al revelar que existían evidencias de otros derrames tóxicos, anunció también que apelaría a leyes de protección civil para cerrar el socavón accidentado y retirarle la concesión a la empresa del Grupo México.

Éste respondió que se trataba de una falsedad lo de los nuevos derrames, pero no pasó ni un día cuando un comunicado de la minera confirmaba que el jueves 18 de septiembre había habido otros vertidos en dos represas, provocados, según dijo, por las fuertes lluvias descargadas por los huracanes Odile y Polo.

Ese mismo día, coincidentemente, la presa de Padrés ya no existía. La información oficial dio cuenta de que la crecida del río originada por el mal tiempo, la reventó. Un par de testigos que aseguran haber escuchado una fuerte detonación, refieren que la mina fue volada con dinamita, lo que como tal corrió por las redes sociales y se ha convertido en una especie de secreto a voces entre los sonorenses, que parecen empezar a despedir a éste o a un próximo gobernador panista.

Larrea, al igual que muchos otros concesionarios mexicanos y extranjeros, sobre todo canadienses, a quienes se les ha concesionado dos terceras partes del territorio nacional, están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana amparados, le decía, por una legislación absolutamente favorable a ellos. ¿Cómo entender, si no, que por ley, paguen al Estado regalías de cinco pesos por hectárea, o que las concesiones sean de 50 años con posibilidades de reelegirse, o que la explotación minera sea la actividad prioritaria de terrenos que se mal pagan a sus propietarios.

Y ojo: esa ley minera de 1993 fue una especie de molde para la confección de las leyes reglamentarias sobre energía. De manera que a ver ahora de a cómo nos toca.

 
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