En contra de la corrupción

Jue, 22/05/2014 - 05:00

Previo a la transición democrática que vivimos en el 2000 a nivel federal, sería en los gobiernos locales donde la ola democratizadora generaría cambios en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tratando de delimitar el arreglo Institucional que existía entre la estabilidad del sistema político y la corrupción. Dicha correlación, a nivel federal, sufriría un cambio vertiginoso ya que se construirían y establecerían candados para combatir la corrupción.

Sin embargo, como lo anotó la semana pasada el analista político Alfonso Zárate, hoy en día, al cumplirse ya más de una década de aquella alternancia en la presidencia del país, y en donde las competencias electorales son frecuentes, lo que trae consigo gobiernos divididos e inexistencia de mayorías absolutas en las entidades federativas, la corrupción sigue estando presente como parte del sistema político, principalmente en el primer nivel de gobierno, el más cercano a la gente, en los gobiernos locales.

Parafraseando al maestro Zárate, al darse la alternancia en el 2000, los gobernadores se adueñaron de los círculos de poder, lo que se tradujo en malos manejos en las finanzas públicas, sin implementar políticas públicas encaminadas a resolver eficaz y eficientemente, las demandas de los ciudadanos. Los denominados gobiernos de la alternancia, incluyendo al Poder Legislativo que ha jugado un papel fundamental, hemos confeccionado Instituciones nacionales, así como herramientas legales que combatan a la corrupción.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, que elabora Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 106 de 177 en el Índice de Percepción de la Corrupción, y si nos comparamos con los países integrantes de la OCDE, nos encontraríamos en la última posición de la tabla.

El marco legal que se ha construido para combatir a la corrupción fue un primer piso para que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentara su primer iniciativa, a través de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM en el Senado de la República, para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Esta instancia es muestra clara de que el Gobierno del Presidente Peña Nieto, tiene voluntad política para “establecer mecanismos y tener órganos de control que, con mayor eficacia, aseguren el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en todos los órdenes de Gobierno”.

No me cansaré de señalar, en cualquier medio y ante cualquier instancia, que todos los órdenes de Gobierno deben de rendir cuentas claras ante la sociedad. Sin embargo, no basta con confeccionar instancias y un marco jurídico para erradicar la corrupción, sino que inculquemos en los niños y jóvenes mexicanos el aprecio por todos aquellos valores éticos y democráticos que impidan que en edades adultas, las personas sean partícipes de actos de corrupción.

Estos mecanismos de control podrían detonar el potencial que tenemos como país, ya que las prácticas corruptas generan distorsión en la economía, como la creación de barreras, pago de comisiones, funcionarios sobornados, o construcción de obra innecesaria a precios inflados. Desde el Senado de la República voté a favor de la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción para acabar con prácticas que tengan un impacto negativo en la inversión, el crecimiento y la desigualdad. Desde este espacio alzo la voz en contra de la corrupción.

 
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