El pasado 3 de octubre, la indígena mazateca Irma López Aurelio no tuvo otra que parir en el jardín de un centro de salud de Jalapa de Díaz, Oaxaca, por la negligencia del personal médico. Había mucha gente y nadie quién la atendiera. Le dijeron que esperara a que llegaran más enfermeras y médicos. Pero hay cosas que la naturaleza no espera y se vino el alumbramiento.

Nada se hubiera sabido de este episodio escandalosa y tristemente frecuente (le llaman violencia obstétrica y no es exclusiva de zonas rurales y marginadas), de no ser por un ciudadano, Eloy Pacheco López, que estaba en el lugar y tomó una foto del bebé, que yace en el pasto aún unido por el cordón umbilical a su madre encuclillada.

Pacheco López explicó: “Tras esperar y exigir atención durante dos horas, Irma dio a luz en el patio del hospital al ser ignorada por el personal bajo la dirección del supuesto médico Adrián René Cruz Cabrera”.

Para López Aurelio la pesadilla aún no termina, pues según denunció, su expediente fue “quemado”. “Me vinieron a avisar los vocales que los expedientes que tengo en la clínica los quemaron, dicen que yo no existo”, reveló en entrevista.

La notificación —cuenta asustada— le llegó en medio de amenazas para que no declare más sobre el caso que, incluso, motivó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Una enfermera me sacó, me dijo que caminara, me dijo que había mucha gente porque era día de vacunas. Yo me hice a un lado, se reventó la fuente, me fui a un lugar solo y me alivié”, cuenta con una resignación difícilmente comprensible.

Por si fuera poco, tuvo que pagar los servicios postparto que le dieron después de parir en el patio de la clínica: “Sí, me cobraron y compré todo el medicamento que necesitaba, mi esposo lo compró todo, pues fue 400 lo del medicamento que compró”.

Para el buen cumplimiento de las garantías de no repetición, exhortaron a la Secretaría de Salud federal —a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud— a que realice una evaluación integral, exhaustiva y transparente del desempeño de los servicios de salud de Oaxaca, particularmente en la atención materna, en contextos indígenas y en el centro de salud involucrado.

Cristina López Durán, de 29 años, asegura que a ella le hicieron lo mismo en esa clínica de Jalapa de Díaz. Ella llegó la noche del 18 de julio pasado a que atendieran el parto de su quinto hijo.

Explica que en el centro de salud no hay servicio nocturno, pero que quienes lo atienden “viven cerca”. Es cosa de que les avisen y llegan pronto. Pero esa vez no llegaron. Cristina tuvo a su bebé en la puerta. Sola parió. Pasada la una de la mañana llegó el personal de guardia. La doctora Cecilia Ruiz Bautista firmó las indicaciones médicas para el recién nacido. El asunto quedó así como un parto atendido, como si nada hubiera sucedido.

El gobierno del estado, en respuesta, emitió un boletín en el que señala que ordenó “una investigación imparcial y a fondo al personal médico del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, a fin de deslindar responsabilidades respecto a la presunta negligencia médica en el proceso de atención de la señora Irma López Aurelio, quien dio a luz a un niño”.

Sin embargo, el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, intentó que los reflectores voltearan hacia otro lado, y en el comunicado reprobó “que este lamentable hecho haya sido usado con fines de morbo”. Cínica es, por decir lo menos, su intención ante hechos que ponen en evidencia no sólo el descuido y abandono del sistema de salud de Oaxaca, sino la corrupción que ha enriquecido a muchos de los que han estado al frente de él.

El propio Vasconcelos tiene fama de derrochador. Hace unos meses fue la “comidilla” la suntuosa boda que se organizó. Muy su gusto, si no hubiera sospechas del manejo abusivo de los millonarios recursos que se destinan a la salud, de los que muy probablemente se haya beneficiado. No son pocos los que hablan de los “negocios” que le solapa a Salvador Monroy, director en el estado del Seguro Popular y cuñado del líder empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani, amigo personal del gobernador Gabino Cué y muy probable candidato a sucederlo.

Claro que maniobras de esta naturaleza se remontan a anteriores administraciones. El hoy diputado federal Martín Vázquez Villanueva, secretario de Salud con Ulises Ruiz, ha sido investigado por el desvío de 40 millones de pesos en compras discrecionales, sin la licitación correspondiente, supuestamente para el desarrollo de infraestructura hospitalaria que, en varios casos, ni siquiera fue entregada porque quedó en el cascarón o de plano ni se hizo.