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OPINIÓN 21/10/2013 05:00 Actualizada 05:00

FUNCIONARIOA VERDE Hoy comparece ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, la misma que llegó en bicla hasta la puerta del recinto de Donceles y Allende, para escuchar el informe del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Se espera que aquello de estar frente a los diputados no sea cosa fácil para la funcionaria, pues representantes de algunos partidos se quejan de que, aunque han hecho fila, Müller nunca tiene tiempo para ellos. Bueno, la puerta de su oficina se abrió desde el jueves, pero para que salieran sus asesores a tratar de cabildear y lograran se le diera un buen trato ante el pleno. Hoy veremos si sus consejeros tienen buenos oficios y sobre todo si ella le ha aprendido algo a Claudia Sheinbaum, que dicen la “couchea” por fuera y, de paso, hace presencia lopezobradorista en la administración de Mancera.

POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD Otros cabilderos —para que vean que esos no sólo se mueven en las legislaturas federales, pues en lo local también hay intereses por los cuáles luchar—, que andan muy movidos son los de Alejandra Nuño, quien busca quedarse con la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ella no se mueve mucho, pero sí el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza y su equipo, quienes desde la semana pasada buscan votos entre los diputados locales y presumen el perfil de Nuño. Incluso, se habla de que se acercaron a los bejaranistas y a los diputados manceristas para estrechar el lazo, presumiendo la buena relación que se tiene con las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de sus cabilderos, dicen, vienen del IFE, quienes la promueven en sus ratos libres.

SALDAN DEUDA Perseguida, justo como se hizo con Andrés Manuel López Obrador, la jefa delegacional en Gustavo A. Madero, Nora Arias, tuvo que pagar una lana por contratos que no hizo y que debían otras administraciones; muy interesado, un bufete de abogados que —según cuentan— tiene como clientes a muchas empresas que casi dan por perdidas las deudas que el gobierno tiene con ellos y que los abogados prometen recuperar a cambio de un buen porcentaje, se dedicó a exigir el pago de 3 millones de pesos.

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