Violencia civil

Lun, 20/10/2014 - 05:00

La ola de asesinatos de bandas criminales coludidas con autoridades, en un modelo de modus operandi que garantiza impunidad y eficacia en sus operaciones, produjo en Iguala, Guerrero, una tragedia que hiere al país completo.

El descubrimiento de numerosas fosas con cadáveres de víctimas de la mancuerna asesina de delincuentes y autoridades locales, sorprende al mismo procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, encargado de la localización de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre pasado.

Larga ha sido la pesadilla para la región de Tierra Caliente de Guerrero, en la que un sinnúmero de personas, distintas a los jóvenes estudiantes, desaparecieron como saldo de las actividades ilegales de los grupos de delincuentes, en diverso tiempo y circunstancia.

Desde hace cuatro semanas se acumula dolor e ira en la sociedad mexicana, a la vez de que decenas de miles de personas en todo el país se han unido en marchas de exigencia de que sean localizados vivos los jóvenes de Ayotzinapa.

Ante la información de las autoridades federales de que han encontrado fosas, pero todavía no dan con los estudiantes, el sacerdote Alejandro Solalinde, de sólido prestigio social por su defensa de migrantes, ha dicho que muchos de los desaparecidos fueron asesinados en escenas de extrema violencia por parte de sus victimarios.

El malestar social corroe la imagen del PRD y PRI; del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del presidente Enrique Peña Nieto; del ombudsman nacional Raúl Plascencia, y en particular de las fuerzas armadas, debido a que el Ejército, con un destacamento en la localidad nada vio de la orgía de muerte e impunidad, no el 26 de septiembre, sino siempre.

Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado, menciona que pudiera desencadenarse violencia civil —ha hablado de disolución social, delito derogado del Código Penal Federal en julio pasado—, como repudio a un desenlace fatal, muy doloroso, que marcaría al país.

Así es. Luego de que ha sido incendiado parcialmente el Palacio de Gobierno y apedreado el Congreso local, cuando el gobernador Aguirre es el imán del repudio social, vale atender la voz de Barbosa: el ánimo de la gente está caldeado.

Brotes del tipo de motín y actos de destrucción, como expresión de violencia civil, que pudiera desbordarse en el peor de los desenlaces, obliga a los partidos políticos, a los liderazgos políticos y sociales a atemperar a sus grupos y representados. Es su responsabilidad. Si no pueden, son otro engaño más.

Enrique Peña Nieto, exitoso en las reformas estructurales, de ahora y hacia adelante, tendrá que revisar su política y resultados en materia de seguridad pública, y exigirse avances más contundentes. Deberá entender que en esta empresa nunca mucho es bastante. Está llamado a acercarse a las víctimas y a sus deudos, y con su liderazgo de jefe del Estado actuar con mano firme en la aplicación de la ley, con energía mayúscula.

OSCUROS.—El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, debería considerar que carece de posibilidad de reelegirse para el periodo 2014-2019. En los últimos dos años, don Raúl desgastó su figura ante un destacado segmento de organizaciones defensoras de derechos humanos. Tiene apoyo en el Senado, particularmente en la bancada del PAN, pero pequeño en una votación del pleno. Para los tiempos que corren se necesita un ombudsman con respaldo unánime, necesario ahora más que nunca...

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