Como respuesta a la carta firmada por distintos periodistas, escritores y demás personalidades del ‘mainstream' mexicano donde solicitan al Presidente el esclarecimiento del multihomicidio de la activista de derechos humanos Nadia Vera; la colombiana Mile Martin; la joven Yesenia Quiroz; la trabajadora doméstica Alejandra Negrete y el fotoperiodista Rubén Espinosa. El propio Peña Nieto pidió ayer a Miguel Ángel Mancera meta velocidad en las investigaciones y atienda a los familiares de las víctimas del multihomicidio. Cada uno de los pronunciamientos del Presidente fue una respuesta puntual a la carta publicada en los principales periódicos del mundo. El jefe de gobierno del DF acusó pronto de recibido, Mancera dijo que el caso Narvarte pone a prueba la procuración de justicia en la capital. Y así quedó definida la línea de mando: Presidencia, Segob, GDF, PGJDF.

Ahora, la PGJDF debe cortar la torpe estrategia de comunicación, donde lo preocupante no son las filtraciones de avances de la investigación a periódicos alineados al GDF, como el diario ‘La Razón'. Lo preocupante es que la Procuraduría siga lanzando anzuelos a la opinión pública con el fin de inducir un móvil creíble del multihomicidio, como el crimen pasional, robo o ajuste de cuentas con el sello del crimen organizado. Todos, distintos al móvil que apunta hacia el gobernador Javier Duarte.

Pero la presión de organizaciones de protección a periodistas y derechos humanos como Cencos han logrado que la PGJDF no descarte cuatro hechos clave relacionados con Rubén Espinosa y Nadia Vera: El desalojo de una protesta en Xalapa el 20 de noviembre de 2012. Nadia denunció en un video que 12 de sus compañeros fueron golpeados y detenidos por policías vestidos de civil. Posteriormente, fueron torturados y amenazados. El 13 de septiembre de 2013, la policía veracruzana desalojó con violencia a un grupo de maestros que tenían un ‘plantón' en una plaza de Xalapa.

Ahí fueron golpeados también varios periodistas, incluido Espinosa, que interpuso una denuncia ante la PGR. El 5 de junio de este año, la policía allanó un domicilio particular y golpeó a estudiantes. Entonces, Rubén Espinosa decidió abandonar Xalapa. Y finalmente, el señalamiento claro que hace Nadia Vera respecto a las amanazas del gobierno de Duarte. La existencia de una lista negra de estudiantes y maestros de la Universidad Veracruzana elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La cooperación del gobierno federal en las indagatorias del caso, ofrecida por Roberto Campa a nombre de la Segob, pasa por la separación del cargo del gobernador con el fin de no obstruir las investigaciones. Claro, si el gobierno federal, como dice, tampoco descarta la línea de investigación referente a las amenazas que recibieron dos de las víctimas por parte del gobierno de Veracruz.

Periscopio. Es de reconocer la respuesta rápida y puntual de Los Pinos ante una petición clara de los ‘abajofirmantes'. El extraño asunto de la calceta presidencial, por absurdo que parezca, fue un ejercicio de comunicación en redes sociales para probar la respuesta rápida de la oficina de Peña Nieto. Ahora siguen otros casos que también apremian, desde Tlatlaya y Ayotzinapa hasta Tanhuato.

En el radar. Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, declaró a la revista Proceso que el multihomicido en Narvarte fue "cometido por profesionales, bajo consigna" y no descarta el crimen político como móvil.

Bitácora de lo absurdo. Daniel Pacheco Gutiérrez, único detenido por el multihomicidio, dijo en su declaración ministerial que uno de sus cómplices era malabarista de crucero y otro ‘viene-viene'. La historia se cayó sola y la Procuraduría de Justicia capitalina filtró o informó, da igual en este caso, que los dichos del detenido no son creíbles y que continuarían investigando. No pues... guau.

Twitter: @LeoAgusto