Jaques

OPINIÓN 20/05/2015 05:00 Actualizada 05:00

DÍganse las cosas como son: Jesús Murillo Karam fue tumbado de la PGR por la ola de indignación ciudadana que levantó el ataque en Iguala a normalistas de Ayotzinapa con saldo de cinco muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos el sábado 26 de septiembre del año pasado.

Es claro que el entonces procurador no fue el responsable de la agresión y desaparición, pero sí de la investigación criminal que asentó como “verdad histórica” que los 43 desaparecidos habían sido incinerados en un basurero de Cocula, hipótesis construida sobre declaraciones de tres delincuentes hoy detenidos y sin que, hasta ahora, se hayan podido corroborar, con peritajes forenses irrefutables, las identidades de los jóvenes reducidos a cenizas en la increíble pira guerrerense.

Murillo Karam fue sustituido en la PGR por Arely Gómez, en medio de una crisis de legitimidad institucional causada por la desaparición y probable asesinato de los 43 normalistas, cuyas identidades fueron insuficientemente clarificadas con los exámenes de ADN realizados en una universidad de Suiza; en tanto que la investigación fue puesta en entredicho por el equipo de expertos forenses argentinos que apoya a los padres de las víctimas; y descalificada por el comité de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afirma que aún no hay certeza del destino y paradero de los jóvenes normalistas.

Con semejante carga de ilegitimidad institucional, atizada por otros casos como el de las ejecuciones extrajudiciales presuntamente realizadas por militares en Tlatlaya, Estado de México, y ahora por la desaparición de 16 personas en Chilapa, Guerrero, la procuradora Arely Gómez estableció, cuando tomó posesión el 3 de marzo pasado, que los derechos humanos serían el principio rector de sus tareas de procuración de justicia. Desde entonces, han corrido dos meses y medio y no hay señales de avance en el caso, mientras que Ayotzinapa no han renunciado a su activismo aquí y en el extranjero.

Esta crisis tuvo otra expresión apenas el lunes pasado, cuando presentó su renuncia la subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García Laguna. Adujo motivos personales no especificados, lo que garantiza, como siempre, que hay razones de más fondo.

Y es que ella llegó a esa subprocuraduría en junio de 2014, tras la renuncia, tampoco suficientemente explicada, de su antecesor Ricardo García Cervantes. Venía del activismo no gubernamental en derechos humanos, lo que le dio prestigio y una fluida interlocución con las organizaciones civiles. Se acercó a éstas y a las víctimas, práctica muy poco común en el gobierno. Bajo su mando se empezó a diseñar un sistema de búsqueda de desaparecidos, 25 mil en México de acuerdo con cifras oficiales.

Aun con esas credenciales, Ileana García Laguna se va para dejar la frágil silla de la Subprocuraduría de Derechos Humanos a Eber Omar Betanzos Torres, quien ya se desempeñaba en esa oficina de la PGR como titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos desde que llegó la procuradora Arely Gómez.

Su carrera ha estado pegada a la de ella: secretario de estudio y cuenta en la Corte, secretario técnico de la Presidencia de la Corte y director general de Política Criminal y luego coordinador de asesores en la Fepade, siempre bajo el mando de la hoy procuradora.

No se ve, en cuanto a derechos humanos, que tenga las credenciales de su antecesora ni qué hará para quitar el jaque en que el caso Ayotzinapa mantiene al gobierno de Peña Nieto.

Instantáneas: 1. JOCOSO. Otro jaque es el que le puso al INE su presidente Lorenzo Córdova. Se conoció una llamada telefónica en la que se burla de un interlocutor indígena con las siguientes implicaciones: un velado racismo incomprensible en el hijo de un luchador social de una sola pieza; la agudización de la desconfianza en el órgano electoral; la facilidad con que se graban y filtran conversaciones telefónicas privadas; y la sensación de que todos somos espiados, por las agencias del Estado pero también por los dueños de las compañías telefónicas.

2. LLAMAS. Cuando el secretario Miguel Ángel Osorio Chong dijo ayer a que el país no está en llamas fue inevitable recordar aquellos tiempos en que el gobierno nos decía que el peso no se iba a devaluar y se devaluaba. No todo el país se incendia pero Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco o Veracruz. ¿Habrán vuelto a medias aquellos tiempos?

@RaulRodriguezC
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raulrodriguezcortes.com.mx  

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