En el debate sobre la iniciativa de reforma energética de Peña Nieto, no debe perderse de vista lo siguiente:

1) Que es imprescindible transformar a Pemex en una empresa pública tecnológicamente a la vanguardia, y que sea efectiva, eficiente y transparente en su administración; 2) Que es urgente liberarla de los lastres que la asfixian: los de la carga fiscal con que el gobierno le arrebata vida día tras día y los de la corrupción administrativa y sindical que la devoran.

3) Que la evolución y complejidad de los procesos de exploración y explotación del petróleo impiden aquí y en cualquier parte del mundo que una sola empresa pueda por sí sola acometer los retos de la producción de energía; 4) Que, por lo tanto, las asociaciones estratégicas son necesarias sin que, por supuesto, esto signifique ceder soberanía sobre los recursos naturales de nuestro territorio.

Y 5) Que la actual operación de Pemex ya está en un muy avanzado estado de apertura al capital privado nacional y extranjero que, mediante engaños y trampas leguleyas para darle la vuelta a la Constitución, empezó con Salinas de Gortari y se profundizó con Zedillo, Fox y Calderón.

Sin que sean las concesiones que abiertamente propone el PAN ni los contratos de utilidad compartida que sugiere pero sin definir Peña Nieto, ya hay en los hechos diversos tipos de contratos y fórmulas de asociación. En el argot petrolero nacional es común referirse en los barcos y las plataformas de exploración a los azules de Halliburton (EU) o a los rojos de Schlomberguer (Francia).

Entonces, si ese avanzado proceso de apertura a la tecnología y a la operación del capital privado ya está ahí, es cuando uno entiende por qué Cuauhtémoc Cárdenas considera que el cambio propuesto al artículo 27 constitucional (sacar de su texto la prohibición expresa de que haya contratos y sólo la deje a las concesiones) sería irrelevante si no viniera acompañado de un cambio al artículo 28 de la ley fundamental.

¿Qué dice el texto vigente?:

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

Y ¿qué dice el texto propuesto?:

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión… Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución”.

Con ese cambio “el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos y consecuentemente el cuidado y manejo de las reservas, hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transportes”, explica Cárdenas, que hoy a las 11 de la mañana presentará en el monumento a la Revolución la iniciativa de reforma energética del PRD.

Esto es, queda clara la intención de desplazar a Pemex de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyendo a este organismo por particulares, un regreso al estado de cosas que prevalecía antes de la expropiación petrolera de 1938.

He ahí el fondo del asunto, la puerta abierta a la voracidad y la ambición del capital privado nacional y, sobre todo, extranjero. Después: la pérdida de la soberanía nacional.

La historia de nuestro petróleo, y con ella la de Pemex, es un símbolo en torno al cual converge nuestro sentimiento soberano. A eso es lo que los promotores de la apertura total de Pemex llaman “mitos nacionalistas trasnochados que ya deberíamos superar”. Quizás lo sean, como las vetustas y costosas coronas británica y española. Pero esos mitos son instrumentos que congregan a esa naciones, como la lucha por el petróleo lo hace con nosotros. Ceder soberanía en una reforma antipatriótica y entreguista, sería un grave retroceso. Tan grande, advierten algunas voces, como hacer Presidente de la República al arzobispo primado de México.