El general y el uso político de la justicia

Aquí le informé desde el pasado 14 de enero (http://cort.as/3uDL) que era inminente la excarcelación del general de división en retiro y ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare. Declaraciones de dos testigos protegidos (Jennifer, quien en realidad es Roberto López Nájera, y Mateo, cuyo verdadero nombre es Sergio Villarreal) lo acusaban a él y a otros dos generales, así como a un teniente coronel y a un mayor, de dar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Pero dos capos asociados a la organización criminal, Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, declararon bajo protesta de decir verdad ante el juez tercero de distrito en materia penal, Raúl Valerio Ramírez, que ni siquiera conocían a los generales imputados. Eso llevó a la defensa de los acusados a demandar la excarcelación por desvanecimiento de pruebas, a lo que la PGR respondió que esperaría el cumplimiento del plazo legal para entregar al juez sus conclusiones del caso.

Esas conclusiones fueron entregadas el lunes pasado y resultaron ser —como se preveía— no inculpatorias por lo pronto en el caso del divisionario en retiro, lo que dicho de otra manera significa que la PGR retiró los cargos o se retractó de las acusaciones ante la imposibilidad de probar las acusaciones de los testigos protegidos Jennifer y Mateo.

El retractamiento dio lugar a que el miércoles a las seis de la tarde, el juez Valerio Ramírez dictaminara la exoneración e inmediata liberación de Ángeles Dauahare, lo que se cumplió horas después, a las 10:30 de la noche, momento en que el divisionario salió del penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya, estado de México, lugar en el que fue recluido tras su detención el 15 de mayo del año pasado.

Ya en libertad, el general Tomás Ángeles Dauahare dijo haber sido una víctima del sexenio de Felipe Calderón y de un proceso penal construido con acusaciones falsas. Y de ello da fe el hecho mismo de que la PGR concluyera que no tenía elementos para sustentar la acusación de los testigos protegidos y, por lo tanto, no le quedaba otra que retractarse.

El procurador Jesús Murillo Karam lo explicaría así ayer: “A criterio de la Procuraduría, al momento en que le piden sus conclusiones, no había suficientes elementos como para considerar una condena porque estaba sustentada en el dicho de un testigo protegido en circunstancias muy poco probables”.

No sé de cierto si los generales de este caso hayan tenido relación con el narcotráfico. Debería aceptar, por principio, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Mas en México ha sido al revés: todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y semejante distorsión de la doctrina jurídica suele ser compatible con nuestras realidades, sobre todo en los ya numerosos casos en que las fuerzas armadas han sido penetradas por la delincuencia organizada.

Verdad legal es ya, sin embargo, que el general Ángeles es inocente. Y otro veredicto, éste de la opinión pública, tiene que ver con el hecho de que el divisionario había criticado severamente la estrategia contra la inseguridad de Felipe Calderón unos días antes de su captura. De lo que infiere: he aquí un ejemplo más del uso político-delictivo que los dos gobiernos panistas dieron a las instituciones de procuración de justicia.

Un breve repaso: con Fox, las acusaciones por desacato judicial que llevaron al desafuero de AMLO para descarrilar su candidatura presidencial y la detención y posterior puesta en escena de la captura de la francesa Florence Cassez, lo que dio suficientes elementos para que a la postre liberaran a quien en el ánimo popular es una secuestradora; y con Calderón el citado caso de los generales y la acusación, nunca documentada, de protección a la delincuencia organizada contra el ex subprocurador de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, también imputado por el testigo protegido Jennifer, que finalmente diera lugar a su liberación el lunes pasado.

De ahí que el general Ángeles evalúe si demanda a la ex procuradora general, Marisela Morales, o incluso al propio Calderón.

Y de ahí, también, que el propio presidente Enrique Peña Nieto haya dicho que casos como éste son una lección para las instituciones de procuración de justicia obligadas ahora, más que nunca, a dar solidez y sustento legal a sus acusaciones.

Por lo pronto, a no dudarlo, serán sometidas a severa revisión las figuras del testigo protegido y el arraigo.

 
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