Al momento de escribir estas líneas, se discutía en el pleno del Senado de la República el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto medular de esta reforma es que homologa la transparencia y acceso a la información actualmente vigente a nivel federal con los distintos órdenes de gobierno, también con los poderes legislativo y judicial, órganos autónomos, fideicomisos, sindicatos y partidos políticos.

Las Cámaras de Diputados y Senadores se convertirían, a partir de agosto próximo, en sujetos obligados. Hasta ahora, los ciudadanos nos hemos enterado de algunos excesos comunes entre diputados y senadores como el famoso turismo parlamentario. Son pocos los rubros donde el poder legislativo actúa con transparencia, generalmente es notable en cuestiones técnicas como la lista de asistencia, la presentación de iniciativas de ley, puntos de acuerdo y participación en comisiones. Ahora, los distintos grupos parlamentarios deberán informar el destino de las partidas que reciben. Y es precisamente esto último lo que el PRI aceptó de la iniciativa a regañadientes. En los pasillos del Senado se escuchó la inconformidad de algunos legisladores, inconformidad que por la disciplina priísta nadie se atrevió a manifestar de manera pública. Por ello, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, siguió muy de cerca el debate en el Senado. Para que nadie se saliera del corral.

Otros que serían tocados por esta ley serán los sindicatos que estarán obligados a hacer públicos los montos que reciben por concepto de cuotas sindicales y dar cuenta del destino de dichos recursos. La nueva ley también obligará a que se hagan públicas las estructuras orgánicas de las organizaciones sindicales, ya que al día de hoy existen muchos sindicatos blancos que cuentan con miles de contratos colectivos de trabajo.

Esta reforma será la más importante desde que se implementó por vez primera en el año de 2002; al final Vicente Fox hizo algo bien durante su administración. Desde entonces, se hablaba de las supuestas mismas bondades que traerá esta nueva ley. Veremos cómo reaccionan los entes que están acostumbrados a disponer de los recursos públicos a manos llenas, como el Legislativo, el poder Judicial, los partidos políticos y los sindicatos.

En el radar. Fernando Dante Imperiale, candidato del PRD a la gubernatura de Campeche, dijo respecto al abanderado panista, Jorge Rosiñol, que es el candidato de la mafia petrolera encabezada por Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa Oceanografía. Imperiale dijo que Yáñez Osuna está operando desde la cárcel la campaña de Rosiñol.

Periscopio. Aunque Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, lo niegue; existen fuertes presiones desde Los Pinos en San Lázaro para aprobar el dictamen de la Ley General de Aguas en sus términos. Aprobarla sin escuchar las voces de distintos sectores que se han opuesto a esta iniciativa. Ahora, las bancadas del PAN y del PRD se pronunciaron a favor de regresar la iniciativa a comisiones para que se modifique y regrese con el consenso necesario para ser aprobada en el pleno.

Bitácora de lo absurdo. Ahora fue en la Asamblea Legislativa donde buscaron una salida al conflicto entre MVS y Carmen Aristegui. El panista Federico Döring propuso que la periodista esté al frente del canal de TV de la ALDF que entrará al aire en breve utilizando parte de la frecuencia del Canal 21 del GDF. ¿El panista se habrá tomado la molestia de preguntarle a Aristegui, antes de promoverla? Uno de los asuntos que importa a la periodista, además de la libertad de expresión, es el número de ceros que tenía su paga mensual en la empresa de comunicaciones de Mariano Escobedo 532.

Twitter: @LeoAgusto