Responsabilidad financiera para la estabilidad

En los últimos años la contratación de la deuda pública de los estados y municipios creció desproporcionadamente, sin controles claros y sin transparencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que al término del ejercicio 2014, el saldo de la deuda pública correspondiente a estos órdenes de gobierno se ubicó en 509,690 millones de pesos, un incremento real de 1.4% con respecto a 2013.

Entre 2004 y 2014 las obligaciones financieras de los gobiernos locales aumentaron en 374,675 millones de pesos, esto significa que en diez años los estados y municipios prácticamente triplicaron su deuda. Tan sólo al cuarto trimestre de 2014, cinco entidades federativas concentraban la mitad de la deuda pública total: Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Estado de México.

Si bien la deuda subnacional registra el menor crecimiento en los últimos 15 años, en algunas entidades y municipios estas obligaciones representan una carga financiera que supera más del 100% de sus participaciones.

A partir de este diagnóstico, los legisladores en el Congreso de la Unión coincidimos en la necesidad de garantizar un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas locales, que propiciara la disciplina financiera, pero sobre todo, que estableciera mecanismos de control para prevenir riesgos y amenazas a la estabilidad macroeconómica de nuestro país.

Después de varios meses de análisis y consensos, ambas cámaras logramos construir una reforma que permitirá regular el endeudamiento de los gobiernos locales. Entre otros aspectos, se incorpora a rango constitucional el principio de estabilidad de las finanzas públicas, así como en la elaboración de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo; se faculta al Congreso de la Unión para establecer las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y municipios puedan contratar deuda.

Se fortalece la observación y control de deuda de ambos órdenes de gobierno. Se incluye la obligación de inscribir y publicar, de manera oportuna y transparente, la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único. Además, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará, en forma posterior, los ingresos, egresos y deuda, así como las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de estados y municipios.

Estoy consciente de que el endeudamiento cuando se usa de manera eficiente, racional y transparente se convierte en un instrumento que impulsa el desarrollo, que financia el crecimiento y que permite responder de manera concreta a las demandas de la sociedad.

Hemos aprobado una reforma que beneficiará a cada estado y municipio del país, pero sobre todo, beneficia a las familias mexicanas. Sin duda alguna, de aquí en adelante contaremos con elementos jurídicos precisos para un mejor ejercicio, control y evaluación de la deuda pública local.

*Senadora de la República
Secretaria de Mesa Directiva
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