Se esté o no de acuerdo con el proyecto político-económico de ese país sudamericano, clasificado por algunos como el socialismo del siglo XXI, el chavismo en Venezuela parece estar viviendo sus últimos días. Y son varias, y muy complejas, las razones. Empecemos por dos de fondo: el veto de la derecha internacional al proyecto social que instauró Hugo Chávez con su Revolución Bolivariana y el hecho, incontrovertible, de que la oligarquía venezolana perdió el poder político pero no el económico y, sin irse de su país, hizo y hace todo lo necesario para recuperarlo.

Chávez enfrentó la andanada en dos momentos centrales: construyendo, primero, una sólida base social a la que benefició con aumentos salariales y programas sociales sustentados en una economía en crecimiento (hasta 7% anual) pero altamente petrolizada, burbuja que ha empezado a dar de sí (por inviable), y que hoy se deja sentir en la creciente escasez de productos de primera necesidad, una inflación galopante y graves índices de inseguridad; y atajando, después, a la derecha inconforme (nacional y extranjera), con expropiaciones y nacionalizaciones, cerrándoles el control de la TV y la radio y criminalizando a los opositores al régimen.

Escasez, inflación, inseguridad. No podría haber mejores banderas para concitar a la protesta. Ésas son las que han enarbolado jóvenes venezolanos y clases medias, volcados en las calles contra Nicolás Maduro que, dividido en su núcleo de poder, corroído por la corrupción y gravemente ineficaz, no ha podido desfogar, mucho menos contener, protestas generalizadas a las que pone cara con contingentes del oficialismo y abre las puertas a confrontaciones que amenazan con la guerra civil.

En esa coyuntura, por otra parte, resulta creíble lo que los académicos denominan “golpismo oligárquico”, una suerte de patrón regional de desestabilización que desde 2002 opera contra gobiernos latinoamericanos “con proyectos de corte progresista y soberanista” como los de Bolivia, Honduras, Ecuador, Paraguay y Argentina.

En ello está sin duda (y así lo avala la experiencia histórica) la mano de gobiernos como el de EU y el de Colombia (eterno enemigo ideológico de la Venezuela bolivariana). Y en esa andanada del exterior, el ministro venezolano del interior, Miguel Rodríguez, incluye a México en un complot internacional que implicó el adiestramiento de los jóvenes que hoy lideran el movimiento oposicionista a Maduro, entre ellos Gaby Arellanos, John Goicochea, Daniel Cevallos, David Smolasky y Freddy Guevara.

Dirigido por Otto Reich, ex secretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de EU y con la participación del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, se habría echado a andar el plan Fiesta mexicana para adiestrar a venezolanos en desestabilización violenta. El mexicano-venezolano Gustavo Tovar Arollo, de la asociación civil Humano y Libre, habría sido el enlace de un encuentro en 2008 con Vicente Fox y Álvaro Uribe en el que se determinó que el plan de adiestramiento iniciara en 2010 durante el gobierno de Calderón. Nada ha dicho al respecto el presidente Peña Nieto, y mientras más se tarde se seguirán atizando todo tipo de especulaciones.

La situación en Venezuela parece fuera de control. Los sectores más radicales de la oposición ven en el gobernador de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, un liderazgo débil que está dispuesto a esperar hasta las próximas elecciones para disputarle el poder al chavismo. Por eso le apuestan a otros liderazgos capaces de encabezar ya el derrocamiento de Maduro. Es el caso de Leopoldo López, del Partido Voluntad Popular cuyo encarcelamiento ayer, acusado de fascista, atizó la protesta.

Maduro, por su parte, enfrenta incluso las críticas de los teóricos del chavismo que lo responsabilizan de conducirlo al fracaso. El Partido Socialista Unificado de Venezuela registra una intensa lucha de facciones, entre ellas la histórica de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, quien en algún momento pretendió ser el heredero de Chávez. Incluso los militares del régimen toman distancia de Maduro. Han creado un Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria que es el que decide qué se le informa y que no al presidente. Si ese grupo llegase a pactar con la oposición, sería el fin del chavismo. A éste no parece quedarle otra que una radical reestructuración de su modelo económico y político.