Para Joaquín Roura Quiñones:
Hasta siempre hermano de vida

La CNDH presentó ayer un Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en Guerrero que encendió los focos rojos porque, de acuerdo con la acuciosa investigación, el problema creció, se agravó y convirtió al estado en un territorio sin ley. Peor aún: acusa al gobierno de Guerrero de financiarlos y legitimarlos.

Hay datos abrumadores:

Los grupos de autodefensa están presentes en las siete regiones de Guerrero: Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y La Montaña.

Las autodefensas identificadas son: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, con presencia en 15 municipios; la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, en 21; la Unión de Pueblos de la Costa Grande, en cuatro; la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia (Policía Ciudadana y Popular), en tres; la Policía Ciudadana de Olinalá, en ese municipio; el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, en uno; y otros grupos sin nombre, en 11.

Operan en 46 de los 81 municipios del estado en los que habitan 2 millones 307 mil guerrerenses que representan 65.47% del total de una población de 3 millones 523 mil 858.

De esos 2 millones 307 mil guerrerenses, 66.5% (un millón 534 mil 155) vive en una situación de pobreza ahora agravada por la inseguridad pública y la violencia que lo desplaza a otras zonas donde crece su condición de marginalidad.

En el lapso en que la CNDH encabezada por Raúl Plascencia Villanueva realizó la investigación, se recabaron las quejas a 300 víctimas de los delitos de secuestro, homicidio y extorsión. Además tuvo conocimiento de 2 mil 193 víctimas de desplazamiento forzado. Sobre la base de esa radiografía, la CNDH recrimina al gobierno de Ángel Aguirre el descuido en que tiene al estado tanto en derechos sociales como en seguridad pública.

Considera contradictorio y contraproducente que en un primer momento haya apoyado a esos grupos, incluso económicamente, y ahora aprehenda a algunos de sus integrantes sin que se adviertan acciones de gobierno que atienda las causas profundas (exclusión, marginación y abandono) que dieron lugar a su surgimiento.

Hay voces que en un análisis muy limitado aseguran que las autodefensas forman parte de una estrategia desestabilizadora del crimen organizado. No es así, lo que no excluye la posibilidad de que la delincuencia las infiltre.

De entrada —y así lo considera el informe de Plascencia— es inaceptable que las comunidades de Guerrero tengan que asumir de manera permanente “cargas públicas” que no les corresponde. Pero una vez asumidas y ya armadas las policías comunitarias, éstas fácilmente pueden convertirse en reductos de poder del grupo que las empuña o en brazos armados finalmente controlados por el crimen.

Por eso es que esos colectivos implican, sin duda, un peligro y un retroceso, que se autojustifican ante el abandono del gobierno. Y tal es el caso del gobernador Ángel Aguirre quien, ya le había contado en este espacio, ha cedido el ejercicio del poder a amigos y familiares.

Instantánea

1. CONGRESOS. La rapidez con que los Congresos estatales avalaron la reforma energética para darle carácter de constitucional ha sido cacareada como la consecuencia de un amplio consenso. El aserto, sin embargo, habría que confrontarlo con otra posible interpretación: los legislativos de los estados violentaron procedimientos y no se dieron ni el tiempo de leer, mucho menos de analizar, la reforma de marras, controlados como están por sus respectivos gobernadores. Así ha sido y seguirá siendo la operación política del PRI, y de eso vaya que le saben Peña Nieto y Osorio Chong.

[email protected]; Twitter: @Raul RodríguezC