Cuentos

Lun, 18/11/2013 - 05:00

Eso es lo que para Cuauhtémoc Cárdenas ofrece la reforma energética planteada por Enrique Peña Nieto y que, al igual que al PRI y al PAN, ya se les cuecen las habas por aprobar este mismo año. El tres veces candidato presidencial y fundador del PRD fue quien lideró el mitin que llenó ayer el Zócalo de la ciudad de México convocado por ese partido que hasta ahora es el más representativo de la izquierda electoral del país, y donde exhortó a senadores y diputados a no quedar marcados de por vida con “el voto de la ignominia”, el voto que aprobará una “reforma energética oficial ilegítima, por no haber sido planteada en campaña (en sus actuales términos), y que ofrece sólo cuentos”.

Y es que para Cárdenas, al igual que a un sinnúmero de especialistas en el tema, la pretensión de modificar los artículos 27 y 28 constitucionales no es necesaria para la urgente modernización de Pemex, puesto que la participación del capital privado ya existe en ramas de la industria y sólo se arrebataría al Estado la toma de decisiones estratégicas en el sector.

Ni Peña Nieto ni el PRI ni el PAN han hablado de lo que serían las leyes que reglamentarían el cambio constitucional y mucho menos explicado el gran cuento de que se generará más riqueza y más empleos. Aquélla se agotará y, cuando ocurra, éstos se esfumarán.

Los privados, en busca de ganancias (naturaleza no criticable pues es su razón de ser), acabarían más pronto con las reservas de hidrocarburos del país, sin un plan estratégico de largo plazo y sin agregarle valor a esa materia prima. Con los contratos de riesgo (que ya existen, no nos hagamos, desde la reforma energética de 2008 impulsada por Felipe Calderón) y los de producción compartida, Pemex (y también la CFE) desaparecerían por no ser competitivos y quedar obsoletos. En el actual estado de cosas es posible la modernización y la financiación de la misma.

Pero las grandes petroleras y los capitales privados nacionales ya salivan, voraces, de cara al apetitoso manjar del subsuelo. Esta semana la revista Proceso hace un recuento puntual de las gestiones de tres ex directores de Pemex, siempre a favor de los cambios privatizadores y preparando el camino de quienes llama los futuros príncipes petroleros mexicanos. Es el caso de Jesús Reyes Heroles (hijo de quien, al frente también de la paraestatal, fue uno de los principales opositores a los contratos de riesgo y que se ha de revolcar en su tumba ante los voraces despropósitos de su primogénito), Luis Ramírez Corso y Juan José Suárez Copel.

Se trata, en suma, de una decisión histórica para el país que, por lo menos, ameritaría una consulta popular. Se sabe que no existe ley que obligue a hacerla antes de ser sometida al proceso legislativo como lo han demandado AMLO y Morena, y para lo cual ya han recabado más de medio millón de firmas. Pero aquí se comentaba en la entrega pasada que la Constitución sí prevé la consulta revocatoria, es decir, posterior a una eventual aprobación. Para que se realice (durante las elecciones federales de 2015) se requieren un millón 600 mil firmas de las que ya van un millón 200 mil, según informó ayer Cárdenas en el mitin del Zócalo.

Para que el resultado de esa consulta sea obligatorio deberán participar en ella poco más de 3 millones de ciudadanos de manera que ahí hay un camino efectivo por recorrer. Y en ese camino está la izquierda lanzando un mensaje de unidad como el que ayer envió, al participar en el mitin, la dirigencia nacional del PRD y los gobernadores surgidos de sus filas: el del DF, Miguel Ángel Mancera, el de Morelos, Graco Ramírez, y el de Tabasco, Arturo Núñez.

Instantánea

VERACRUZ. El viernes pasado rindió su III Informe el gobernador Javier Duarte Ochoa. Imposible regatearle a su gestión el haber revertido la inseguridad y violencia que imperaba cuando hace tres años inició su gobierno. Y esto se ha traducido en resultados que destacó el mandatario local: las cifra más bajas de desempleo en el país, el crecimiento de su economía al doble de la media nacional y una inversión privada de 82 mil millones de pesos con la entrada al estado de 9 mil nuevas empresas, 600 de ellas de gran inversión.

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