Es lamentable la pérdida de la vida de dos mexicanos en un accidente que la SCT pudo evitar y no tomó ninguna acción para prevenirlo. Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo, hacían en vida lo mismo que millones de personas en nuestro país: salir de casa antes del amanecer hacia su trabajo para procurarse así el sustento propio y de su familia.

El secretario de Comunicaciones y Transportes no es capaz de comprender que el socavón en el Paso Exprés Tlahuica (conocido desde el centralismo como Paso Exprés Cuernavaca) es más grande que los años que dice haber “servido” a “su” país y que la pérdida irreparable de dos vidas inocentes es mucho más grave que un “mal rato” como lo señaló hace unos días sin tacto alguno. Gerardo Ruiz Esparza debe mostrarle al Presidente su lealtad, si es que le guarda alguna, y renunciar al cargo que hoy todavía vergonzosamente ocupa. 

Así como la construcción del Paso Exprés Tlahuica tuvo un costo 100% mayor al originalmente presupuestado, dos mil 213 millones de pesos en total, el costo político para el gobierno también podría incrementarse en similares dimensiones, de sostener al actual titular de la SCT en el cargo. Porque hay más riesgos de colapso en esta pequeña obra de 10 carriles y 14.5 kilómetros de construcción inaugurado apenas iniciaba el pasado mes de abril y que ahora perjudica a más de un millón de habitantes de la zona metropolitana de Cuernavaca, Morelos, y paseantes veraniegos procedentes del centro del país. 

¿Por qué indignó tanto a la sociedad el fatal socavón en el libramento de Cuernavaca? Porque desde el inició quedó en evidencia que fue ocasionado por la corrupción, por el excesivo bombo y el insensible platillo con que se inauguró la obra, incluso con anuncios espectaculares agradeciendo al Presidente. 

Pero también la indignación es porque se minó la confianza ciudadana en las obras de públicas realizadas en este gobierno. Porque las víctimas fueron un padre y un hijo trabajadores. Porque se demostró una vez más que la corrupción mata y que cualquiera puede ser víctima. 

EN EL RADAR. Respecto a la fecha de extradición del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, se sabe que será este lunes a las 10 de la mañana cuando el reo mexicano, de 43 años, sea entregado en Ciudad de Guatemala por la Fuerza Área Guatemalteca a personal de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Sedena para ser extraditado a nuestro país y enfrentar los procesos ‘lavado’ de dinero y delincuencia organizada a nivel federal, y por corrupción, delito que le imputa el gobierno de Veracruz y también solicitó la extradición.

Y esa ha sido la otra disputa legal, diplomática y mediática de baja intensidad que han librado los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el estatal de Miguel Ángel Yunes, debido a que Duarte es considerado una de las nuevas promesas del PRI de 2012 (vaya estafa al elector); se teme que el gobierno federal cometa algunos de esos inocentes, pero clásicos, errores a la hora de integrar la carpeta de investigación que le permitan utilizar el nuevo sistema de justicia adversarial o cualquier otro, como puerta giratoria a la impunidad. Mientras que Yunes, usted conoce bien de las viscerales reacciones que ha tenido el gobernador panista cuando se trata del tema ‘Javidú’. 

Así que uno de los riesgos de poner a Duarte bajo la custodia de la Fiscalía veracruzana es que el ex gobernador confesará todos los delitos que cometió durante su administración, confesiones que se obtendrían bajo la metodología de la vieja escuela de interrogatorio que Yunes representa; esa donde el rodillazo, el descontón y el ‘tehuacanazo’ forman parte del protocolo. 

Al gobierno federal le preocupa la integridad física de ‘Javidú’, la mental no tanto. Así que el PRI no lo va a entregar a un gobierno del PAN para que lo juzgue y capitalice el caso política y electoralmente. No, señor.