La imposible relación entre las llamadas autodefensas comunitarias de Guerrero y Michoacán con las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos se encamina hacia un desenlace que podría ser sangriento. Los esfuerzos de negociación política de los gobiernos de esos estados y la Secretaría de Gobernación con dichas guardias armadas, fueron peligrosamente rebasados la semana pasada en El Pericón, municipio de Tecoanapa, Guerrero, cuando soldados desarmaron a la autodefensa local y ésta, en respuesta, apoyada por la comunidad, bloqueó la carretera a Chilpancingo y retuvo a 60 militares hasta que sus armas y uno que otro detenido fueron devueltos. Mucho enojo generó entre los altos mandos del Ejército esta negociación en la que, gracias a su prudencia, las cosas no llegaron a más.

Otro episodio se registró el miércoles en el municipio de Aquila, éste de Michoacán. Soldados, marinos y policías federales y estatales detuvieron a 45 guardias comunitarios por portar armas de uso exclusivo del Ejército y aprovecharon para desmantelar los retenes levantados en los accesos a la comunidad. Los detenidos todavía declaraban anoche en la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), aquí en la ciudad de México, mientras que José Manuel Mireles, coordinador general del Consejo Ciudadano de Grupos de Autodefensa, exigía que sólo se procediera contra los detenidos que tienen órdenes de aprehensión y se libere a los inocentes. Y en medio de ésto, el gobierno interino que cada vez con más problermas encabeza Jesús Reyna, asegura que entre los comuneros de Aquila —que son quienes integran la autodefensa— hay un conflicto interno. Un grupo representa a los 401 comuneros que reciben regalías de la mina Las Encinas, explotada por la transnacional Ternium. Y quienes quedaron fuera de ese beneficio y exigen parte del pastel, organizaron su propia autodefensa encabezada por Agustín Villanueva Ramírez, ex presidente de bienes comunales del municipio. Los desarmados y detenidos el miércoles son parte de este último grupo.

Es en medio de toda esa maraña de intereses que la anarquía se deja ver en localidades guerrerenses y michoacanas, sin que se haya definido con claridad cómo se van a enfrentar esos problemas.

Es casi inobjetable la gran coartada de las guardias comunitarias: ante la inseguridad, las extorsiones y la violencia del crimen organizado, la gente se arma y organiza para defenderse por sí misma. Las instituciones creadas para hacerlo no lo han hecho o han sido corrompidas por los malandros. ¿Cómo poner en duda tal argumento?

En instancias de inteligencia del Ejército —sin embargo— se tiene la convicción de que muchas de esas autodefensas son promovidas, organizadas y armadas por la delincuencia misma con el objetivo de atizar el miedo, la anarquía y la ingobernabilidad. La argumentación no es descabellada.

Pero muy preocupante resulta la argumentación que dieron el miércoles al periodista José Cárdenas de Radio Fórmula representantes de comerciantes, agricultores, restauranteros, campesinos y asociaciones civiles de Michoacán. En su interpretación, algunas de las autodefensas han sido promovidas, organizadas y armadas por la propia Policía Federal para enfrentar a la delincuencia con esa especie de brazo armado civil que infunda miedo con fines de control pero que, a la vez, les arrebate base social a los cárteles de la delincuencia, sobre todo esos cargados de religión como Los Caballeros Templarios y su protagónico líder Servando Gómez Martínez, La Tuta.

Toda esa imbricación de intereses, en medio de la inseguridad, la violencia y la anarquía, es el contexto perfecto para un desenlace sangriento y la justificación de que todo Estado está sustentado en la fuerza y tiene el monopolio de la violencia legítima.

Instantáneas

1. TRÁFICO de influencias denuncian vecinos de Atizapán de Zaragoza. Lo atribuyen a un connotado industrial dueño, entre otras fábricas, de una de pasta para embragues que, aseguran, emite al ambiente gases tóxicos. Han documentado su denuncia ante el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, sin que haga algo al respecto. Los colonos afectados se van a reunir nuevamente con el munícipe el lunes entrante.

2. NOMBRAMIENTO. El periodista Abelardo Martín fue designado director general de Comunicación Social en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, que encabeza Enrique Martínez y Martínez. Sustituye al también periodista Roberto Femat, quien la semana fue designado director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.