Luego de la oscura expropiación de los ingenios azucareros, operada por el impresentable Luis Ernesto Derbez, titular de la Secretaría de Economía en el sexenio foxista, hoy se empiezan a conocer las grandes corruptelas en la negociación de los adeudos de algunos de ellos. Un caso emblemático es un grupo de seis de los ingenios expropiados: Alianza Popular, Plan de Ayala, Bellavista, Pedernales, San Gabriel y Cuatotolapan.

A través de malabarismo puro y de un manejo amañado y tendencioso, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que en ese entonces encabezaba Luis Miguel Álvarez Alonso, aprobó una oferta del Grupo Santos (empresa expropiada) para liquidar los adeudos de esos seis ingenios y retomar su operación.

La oferta del Grupo Santos fue, en el año 2008, de mil 400 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, fue ‘guardada en el cajón de los recuerdos’ por el entonces director corporativo de Liquidación de Empresas del propio SAE, Héctor Orozco Fernández, curiosamente beneficiado desde el inicio de este sexenio con la dirección general del organismo.

Tuvieron que pasar tres años para que la operación se concretara. Pero en lugar de los mil 400 millones de pesos, el SAE aceptó una ‘rebajita’ de 200 millones. No sólo no cobró la actualización de intereses y recargos por esos tres años, sino que, generoso, recibió tan sólo mil 200 millones de pesos.

Esta ganga fue autorizada por quien era director general del SAE en 2012, Tufic Miguel, luego de que dejaran todo ‘planchado’ Sergio Hidalgo Monroy, quien encabezó el SAE de julio de 2010 a diciembre de 2011, y su delfín Orozco Fernández, con el aval del entonces procurador fiscal de la Federación, Oscar Javier Láinez Poutisek.

Hidalgo Monroy hoy se desempeña como director general de la empresa española OHL, severamente cuestionada por graves irregularidades y corrupción.

Después de que la oferta del Grupo Santos ‘durmiera en el cajón de los justos’, fuentes bien informadas revelan que en una reunión el hasta hace poco procurador fiscal Oscar Javier Láinez Putisek y Sergio Hidalgo (como director general del SAE), discutían cómo iban a vender los ingenios propiedad de Grupo Santos de una manera aparentemente ‘transparente’. Se les ocurrió la idea de sacarlos a una licitación pública (algo que no se le ha dado a Hidalgo, pues bastaría revisar su paso por la Oficialía Mayor de Hacienda, el SAE y el ISSSTE, donde se caracterizó por las adjudicaciones directas, con decenas de millones de pesos en juego).

Sólo que se encontraron con dos problemas: uno, que para venderlos había que contar con una sentencia firme que despojara de la propiedad a los socios, y dos, que habría que asumir todos los adeudos, fiscales, laborales y bancarios de los ingenios, además de que sería necesario pagar la indemnización por la expropiación a los antiguos propietarios.

La versión señala que fue entonces el procurador fiscal quien ‘se sacó una brillante idea de la manga’: No, no se tendría que pagar dicha indemnización, pues quien ganaría la licitación serían los ¡expropiados!

¿Esa es la transparencia?, fue el comentario de algunos de los involucrados en el tema.

Por eso llama mucho la atención que hoy sea el SAE, encabezado por Héctor Orozco Fernández (quien lleva 13 años en el organismo), el encargado de licitar el mayor grupo de ingenios, cuya deuda es superior a los 41 mil millones de pesos.

El grupo conformado por Hidalgo, Álvarez Alonso y Orozco Fernández han hecho del SAE una ‘gran mina’ de corrupción e impunidad. Por lo pronto, la pregunta de fondo es: ¿A dónde fueron a parar o quién se quedó con los 200 millones de pesos (sin contar la actualización acumulada en tres años de intereses y recargos), de dichos ingenios?

Instantánea. CESADOS. Por la fuga de Joaquín Guzmán Loera ya ‘rodaron las primeras tres cabezas'. La de más alto nivel, hasta ahora, es la de Juan Ignacio Hernández Mora, quien dirigía el Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención Social. Él era el responsable de los planos del penal del Altiplano y de los otros de máxima seguridad que hay en el país. Dicen que se hizo muy amigo del secretario Osorio Chong cuando éste gobernaba Hidalgo y aquel era consejero ciudadano del Sistema de Seguridad Pública estatal. Los otros dos funcionarios son la coordinadora de Ceferesos, Celina Oseguera, y el director de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma. Vendrán otros ceses.

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