Todos sabemos o por lo menos intuimos la gran mortandad que ha traído al país la violenta irrupción de la delincuencia organizada y la equivocada manera, por decir lo menos, en que enfrentó el problema Felipe Calderón, más por un cálculo de legitimación electoral (al final de cuentas también equivocado), que de efectividad táctica y estratégica para revertirlo y desactivar los alarmantes niveles de violencia que trae consigo.

No hay, por supuesto, una cifra oficial del tamaño de la matanza, sea entre delincuentes, entre éstos y las fuerzas de seguridad o de inocentes que han quedado entre dos fuegos. Pero aun las cifras minimizadas por la propaganda oficial son tan cuantiosas que pueden compararse con las que resultan de conflictos bélicos o guerras civiles como los de Irak y Siria.

Datos francamente alarmantes fueron los dados a conocer este fin de semana en el encuentro de gobiernos locales de izquierda que se realizó en Acapulco. Ahí, el consultor Miguel Ángel Suárez Franco informó de cifras correspondientes a los pasados siete años: 150 mil ejecutados (término éste que se usa para referirse a los asesinatos cometidos por los cárteles delincuenciales para castigar traiciones y delaciones o bien para amedrentar a bandas rivales o a las fuerzas del orden); 150 mil desplazados de sus lugares de origen y/o residencia; 27 mil 523 desaparecidos; 800 mil mujeres y niñas víctimas de explotación sexual, y 50 mil niños.

No especificó Suárez las fuentes de esos datos estadísticos. Los hay, por ejemplo, en el reciente Atlas de la seguridad y la defensa de México 2012 dado a conocer en días pasados por una organización de la sociedad civil denominada Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC. En su apéndice estadístico está la tabla Ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada 2001-2011. En ella asienta un total de 59 mil 318 (mil 80 en 2001, mil 230 en 2002, mil 290 en 2003, mil 304 en 2004, mil 776 en 2005, 2 mil 221 en 2006, 2 mil 826 en 2007, 6 mil 837 en 2008, 9 mil 614 en 2009, 15 mil 273 en 2010 y 15 mil 903 en 2011.

Las fuentes son: la CNDH, la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República a partir, por supuesto, de denuncias presentadas. Y aquí es donde entra un dato que puntualiza Suárez Franco: 90% de este tipo de delitos no se denuncia por temor.

De cualquier manera es un altísimo saldo de muertes que pareciera ya no sorprendernos y que asumimos resignadamente como parte de nuestra vida cotidiana. El problema es que avanza y nos carcome, que revela una gravísima ruptura del tejido social y la pérdida de sus principales redes y valores como la solidaridad, la confianza y la responsabilidad.

Instantáneas

1. CRUZADA. La Secretaría de Desarrollo Social y su titular, Rosario Robles, deben una explicación respecto a quiénes serán los primeros beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Resulta que han denunciado (el senador Alejandro Encinas, entre otros) que la mayoría de los 400 municipios seleccionados para iniciar el programa social emblema del gobierno de Enrique Peña Nieto se ubican en zonas urbanas donde perdió el PRI las elecciones pasadas. Si no hay explicación suficiente y convincente mal habrán empezado.

2. CONSEJERO. Manlio Fabio Beltrones dijo ayer que esta semana o a más tardar la próxima la Cámara de Diputados elegirá por mayoría calificada al consejero de IFE que sustituya el asiento que dejó Sergio García Ramírez en el Consejo General del instituto al decidir renunciar. Beltrones confió en que se pueda llegar a un acuerdo para que se cumpla la designación a más tardar a finales de este mes según el plazo establecido en la convocatoria emitida el pasado 28 de febrero. Si ya lo dijo el coordinador parlamentario de la diputación priísta es casi seguro que ya está planchado el acuerdo para que así sea. Los cinco finalistas son: José Fernández Santillán, Santiago Nieto Castillo, Arturo Bolio Cerdán, Enrique Andrade González y Antonio Horacio Gamboa Chabbán.