El gobierno de la Ciudad de México busca privatizar el tratamiento de la basura mediante la creación de un monopolio privado al que se le regalaría un terreno de 13 hectáreas ubicado en el Bordo Poniente para la instalación de una planta termovalorizadora, que no es otra cosa que una planta que mediante la incineración de basura crea luz eléctrica. Toda la energía que se produzca en este lugar será consumida por el gobierno para alumbrar oficinas y mantener el funcionamiendo del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Este negocio es impresionante, pues significa que en los próximos 33 años, es decir los próximos seis gobiernos de la ciudad, tendrían que pagar a la empresa Veolia 109 mil millones de pesos. Estos recursos son más que el monto actual de toda la deuda actual de la administración capitalina.

Es decir, de un plumazo se estaría regalando un predio y el tratamiento de basura a Veolia. A cambio, la empresa transnacional invertiría 12 mil millones de pesos en el equipamiento y su instalación para, al cabo de más de 30 años, recibir una cantidad equivalente a diez veces su inversión original, sin ningún tipo de riesgo, ni competencia.

El gobierno busca encubrir este negocio como la forma de promover la creación de una energía limpia. Sin embargo, grupos ambientalistas como Greenpeace señalan que este modelo de gestión obligan a la ciudad a generar un caudal suficiente de desechos para mantener este negocio, que va contra la lógica de la separación y reducción de desechos impulsada por las últimas administraciones.

Para la organización ambientalista, el contrato signado entre el gobierno de la ciudad y Veolia tiene por objetivo la generación de 965 mil Mwh para abastecer de energía a las 12 líneas del Metro, ya que el gobierno sólo se compromete a entregar los residuos sólidos tal como le son entregados, sin ningún tipo de tratamiento.

Desde el punto de vista político, llama la atención que se busque imponer la construcción de esta planta sin ningún tipo de información ni debate de cara a la ciudadanía. De forma tramposa, el PRD buscó aprobar en la Asamblea Legis-lativa el escandaloso monto de esta deuda. Para ello, intentaron ilegalmente la destitución de la Presidenta de la Mesa Directiva y votaron desde abajo y con receso legalmente declarado. Todo esto sucedió en medio de una verdadera trifulca, donde resultaron agredidos varios legisladores de Morena.

Sin embargo, el PRD ha utilizado este desorden legislativo provocado por ellos mismos para ocultar este negocio que buscan concretar de forma subrepticia; de tal forma que la noticia son las agresiones y el escándalo, pero no el tema de fondo que es la conformación del monopolio de la basura y la entrega del gobierno a la empresa de más de 100 mil millones de pesos, algo muy similar a lo que ocurrió el Fobaproa.

Los perredistas y el gobierno están usando a la perfección la máxima que dice “un escándalo tapa otro escándalo” y buscan explotarla al máximo con tal de evitar que se convierta en un tema de indignación social esta privatización de los desechos que a toda costa quieren concretar.