El Gobierno del Distrito Federal (GDF) está empecinado en realizar los llamados megaproyectos, las denominadas zonas de desarrollo económico (zodes), en aplicar cambios de uso de suelo en diferentes puntos de la ciudad y en la instalación de parquímetros en diversas colonias. Esto ya ha generado descontento en vecinos y comerciantes establecidos en diferentes delegaciones como Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztacalco, Álvaro Obregón, etcétera.

Algunos vecinos de estas demarcaciones ya han realizado movilizaciones pacíficas motivados por las afectaciones previstas y ya han planteado sus puntos de vista a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Detener el desorden urbano es ya un tema prioritario en la Ciudad de México para los próximos años y también encontrar el punto de equilibrio de las decisiones gubernamentales mediante la actuación responsable de la ALDF, que debería priorizar los derechos de la gente.

Sin duda, hay que estudiar y analizar el modelo de ciudad que queremos. Cabe resaltar que este análisis del desarrollo urbano en la ciudad debe discutir la derogación de los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano, así como revisar los recientes cambios a los usos de suelo —aprobados en un periodo extraordinario— en la ALDF, así como la aprobación de la Ley de Pueblos y Barrios Originarios.

Si se observa en detalle, el modelo de desarrollo urbano promovido por la actual administración parece otorgar privilegios a los grandes negocios y deja de lado a la ciudadanía. De ser así, las proyecciones a mediano y largo plazo dibujan que se provocará la expulsión de población del Distrito Federal hacia el estado de México, se generarán afectaciones al entorno y al paisaje urbano y se dañará el tejido social y la cultura de la capital, así como se ensancharía la mancha urbana, crecería el ecocidio y la contaminación.

El desarrollo urbano debe verse como una serie de beneficios para la población de la Ciudad de México. El proyecto de Metrobús sobre Reforma, el tren elevado a Toluca, el deprimido Mixcoac, las torres de Coyuya, el proyecto del Aeropuerto, la Ciudad de la Salud en Tlalpan, la Ciudad del Futuro en Pedregales de Coyoacán, la Ciudad Administrativa en Cuauhtémoc, el proyecto de megacentro comercial en Chapultepec, son proyectos que deben ser aprobados o rechazados por la ciudadanía.

Se debe generar una política pública para el desarrollo de la ciudad de México y en beneficio de los derechos de sus habitantes. Un proyecto de ciudad cuestionado por quienes deberían ser sus beneficiarios, es una señal de que algo no está funcionando.

El lema “decidamos juntos” utilizado en la campaña de Miguel Ángel Mancera, actual jefe del GDF, no se ha aplicado. Se necesita un debate enriquecido por vecinos, comerciantes, habitantes y ciudadanía. Se debería incluir en los proyectos un análisis sobre las necesidades de mercados públicos; servicios y desarrollo comunitario en las colonias; espacios en calles y en bajopuentes que deberían ser públicos y que permitirían recuperar tejido social; la revisión de la norma 26, la derogación del artículo 41 y abrir la discusión de los megaproyectos, son algunos de los temas que deben ser debatidos en foros ciudadanos.

Para poder tener una ciudad incluyente es necesario que las autoridades abran foros ciudadanos donde vecinos, organizaciones y funcionarios puedan discutir todos los megaproyectos. Ante el clima de cambios políticos que vive la ciudad, sería un ejercicio sano y democrático que estos proyectos urbanos se decidan mediante una consulta para que la ciudadanía decida si se llevan a cabo o no. Es tiempo de pensar hacia adelante y entender el desarrollo urbano como un desarrollo de las colonias para beneficio y servicio de sus habitantes.