Los contratos de utilidad compartida

Mié, 14/08/2013 - 05:00

La propuesta de reforma energética presentada por el gobierno federal, así como la propaganda impulsada alrededor de ella, está basada en utilizar la figura del general Lázaro Cárdenas del Río, para descontextualizar su papel en la historia de México, y promover la privatización de la industria petrolera, así como la eléctrica.

Cuauhtémoc Cárdenas respondió que su padre se oponía a los “contratos de riesgo” que son los “contratos de utilidad compartida” anunciados por el Ejecutivo federal el lunes pasado. “No hay que caminar para atrás, habría que caminar hacia adelante”, afirmó el ingeniero.

La decisión de expropiar la industria petrolera surgió como resultado de un conflicto de los trabajadores, con las empresas, a partir de un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se negaron a cumplir los privados.

Por eso, en aquel momento, las trasnacionales le apostaron al boicot para dañar al país, y por tanto no estaban interesadas en participar nuevamente en el sector energético. La respuesta del general fue la expropiación, no la entrega.

Si México tiene petróleo, qué prisa tienen por sacarlo y exportarlo y dárselo a las empresas privadas. El petróleo debe servir como palanca del desarrollo para procesarlo en nuestra patria.

¿Por qué importar gasolina, en lugar de construir las refinerías en México y con ello generar trabajo para que no se vayan los mexicanos “al otro lado” exponiendo su vida en busca de un empleo?

Parte de la industria petroquímica se privatizó hace 21 años y ahora resulta que está quebrada. ¿No que la privatización genera empleos y productos más baratos?, ¿dónde? Algunos analistas dicen que la reforma debe retomar el modelo minero. Hay que recordarles que las mineras no pagan un centavo por la extracción, sólo derechos por hectárea explotada. Se quedan con todo el producto, pese a que la Constitución señala lo contrario.

Por eso quieren cambiar el artículo 27. La explotación minera devasta territorios completos, contamina el subsuelo y el agua, sin considerar a las poblaciones, muchas de ellas indígenas, víctimas de la “modernidad porfirista”. Todo es mercancía.

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