Lo que propone en términos llanos la iniciativa de reforma energética del presidente Peña Nieto es permitir a las empresas privadas la explotación de petróleo, gas y electricidad mediante contratos ordenados y otorgados por el Estado mexicano que, se reitera, mantiene la rectoría en la industria.

Para ello es preciso reformar el artículo 27 de la Constitución, que prohíbe el otorgamiento de concesiones y contratos. Aquéllas (que se otorgaban antes de la expropiación petrolera de 1938) seguirán prohibidas, pero éstos ya no. Los contratos se otorgarán en términos aún desconocidos.

Peña Nieto, no obstante, adelantó el lunes que serían contratos de utilidad compartida, no de producción compartida. Éstos pagan al particular contratado un porcentaje de los productos obtenidos, y los primeros pagan un porcentaje de la ganacia. ¿Qué porcentaje? Eso lo definirá la ley reglamentaria, aunque se infiere que dependerá del serrvicio contratado y del riesgo que implique.

La utilidad forma parte de lo que se denomina renta petrolera. En ese sentido, se privatizan porcentajes por definir de esa renta. No se privatiza Pemex, pero sí una parte de la utilidad que genera. Si eso nos conviene o no depende de los mecanismos legales que se establezcan para controlar el otorgamiento de los contratos, los porcentajes de la utilidad que habrá que compartir y los beneficios sociales que todo eso genere.

Por lo pronto, hay que tener claro que se privatizará parte de la renta petrolera y que eso nos lo deberían decir con todas sus letras, porque negarlo, con todo tipo de verdades a medias, no es la mejor estrategia para que el gobierno convenza de las bondades de su propuesta.

Otro asunto importantísimo es el propuesto cambio del régimen fiscal de Pemex que deberá venir en la iniciativa de reforma hacendaria que Peña presentará en septiembre. Es muy bueno que con ese cambio Pemex deje de ser la empresa a la que se arrebata la mitad de sus utilidades para financiar la mayor parte del gasto del gobierno. Aunque está por verse de qué manera, o con qué nuevos impuestos, el gobierno tapará el hoyo que se abrirá cuando Pemex deje de financiarlo como hasta ahora.

Esta es, a grandes rasgos, la manera en que el gobierno actual (en línea con el modelo neoliberal de los últimos 30 años) pretende modernizar y retomar el papel protagónico de México en las grandes ligas petroleras, con el objetivo final —nos dice— de que la economía crezca, se generen cientos de miles de empleos mejor pagados y que los precios de gasolina, gas y luz bajen.

Ese fin debe ser el de cualquier reforma. Hay, sin embargo, contraria a la neoliberal, otra propuesta que plantea que la modernización puede conseguirse sin la participación privada, y sostiene que los recursos y la tecnología necesarios pueden salir de una empresa pública que no tenga el actual lastre fiscal ni las multimillonarias fugas de su galopante corrupción administrativa y sindical.

En medio de ese debate, muchos mexicanos no asumimos, de entrada, una posición descalificadora de la participación privada en sectores estratégicos, pero tampoco ignoramos la ya larga historia nacional de saqueo de los bienes nacionales por manos privadas.

Un episodio de ese saqueo histórico lo frenó Cárdenas con la exporpiación de 1938 sin que por ello, es cierto, se cerrara a celebrar contratos con los particulares. A ese espíritu es al que ahora apela la reforma de Peña Nieto pero sin referir, tramposamente, que en aquel contexto Pemex apenas se empezaba a desarrollar, por lo que era mucho más necesaria la participación privada. Tampco dice que en el transcurso de los siguientes años las presiones privadas nacionales y extranjeras (recuérdense los ventajosos contratos de riesgo) llevaran a reformar la Constitución para prohibir concesiones y contratos en los 60.

El temor de muchos es que en un país donde sistemáticamente se viola el Estado de derecho, se privilegia al rico y poderoso, cualquier reglamento es permisivo y la corrupción forma parte de nuestro mapa genético, los intereses privados acaben por apoderarse otra vez de ese bien nacional. Y ese temor es el que un sector de la población expresará en la calle. El gobierno sabe que el aparato institucional está listo para aprobar la reforma y quizás esté convencido de que cualquier protesta será controlable. Habrá que esperar a ver esa otra variable.

([email protected]); (Twitter: @RaulRodríguezC)