La evolución del ‘moche’

LEO AGUSTO

OPINIÓN 14/06/2017 11:36 LEO AGUSTO Actualizada 11:36

Con una ‘corta lana’ de por medio, diputados del Congreso de San Luis Potosí ofrecen a alcaldes de la entidad ‘limpiar el cagadero’ en la cuenta pública. Esto, con la presunta complicidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE). En esta organización criminal de cohecho, corrupción y extorsión participarían legisladores del PRI, PAN, PVEM y, no podía faltar, el PRD. Los diputados exigen una comisión de entre 10% y 20% de los montos correspondientes a las supuestas anomalías. A cambio, ofrecen maquillar y cuadrar supuestas irregularidades en la cuenta pública municipal.

El edil de Ébano rechazó la jugosa oferta realizada por el diputado del PAN, Enrique Flores Flores, y recibió amenazas de inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. Vamos, sólo faltó que Flores amenazara al alcalde Crispín Ordaz Trujillo con expulsarlo del partido, dado que ambos pertenecen a Acción Nacional.

Por su parte, Ordaz Trujillo denunció el hecho ante la Procuraduría General de Justicia potosina, denuncia que fue respaldada por la dirigencia de la Coparmex estatal, y además busca que las pesquisas sean atraídas por la mismísima PGR, ya que hay recursos federales en la discordia panista.

La cloaca fue destapada por el diario Pulso, mediante un video donde es el mismo panista Flores Flores, quien hasta ayer fue presidente de la Junta de Coordinación Política, explica el funcionamiento de la banda de extorsionadores, integrada por Óscar Bautista (PRI), Manuel Barrera (PVEM) y José Sánchez (PRD), todos ellos diputados locales. Estos próceres de la corrupción cuentan con cargos estratégicos en la Comisión de Vigilancia y la Presidencia de la Mesa Directiva. Además, tienen la venia del órgano de fiscalización parlamentario, que se presume autónomo.

Las observaciones de la ASE a la administración de Ébano ascienden a 40 millones de pesos. Es decir, Crispín Ordaz debía entregar 4 millones de pesos por concepto de ‘moche’ para ‘limpiar el cagadero’, situación que recuerda el caso del candidato del PRD al gobierno del Estado de México.

Zepeda se jactó durante toda su campaña de tener un pasado limpio de corrupción, avalado por el Legislativo mexiquense. ¿De cuánto habrá sido el ‘moche’ para erigir a Zepeda casi como descendiente directo del Rey Poeta?

El escándalo tapó las bocas de las dirigencias a nivel estatal de los partidos políticos relacionados y ayer agarró vuelo en los llamados medios nacionales. Este caso es importante porque pone en evidencia al ‘moche’ como moneda de cambio en la arena parlamentaria, práctica que inició en la Cámara de Diputados, durante las legislaturas del sexenio de Felipe Calderón, un tema que Ricardo Anaya y Gustavo Madero conocen muy bien. 

Hace casi 10 años, los diputados comenzaron a cobrar una comisión del 10% con el fin de liberar recursos federales, principalmente, obra pública. Hoy, el ‘moche’ se ha convertido en el ‘bitcoin’ de la corrupción nacional.

La evolución del ‘moche’, que se ha puesto al descubierto en San Luis Potosí, podría ser el primer caso de de muchos parlamentos del país donde la extorsión no sólo se ha institucionalizado, sino también legalizado, práctica lastimera que perseguirá a no pocos aspirantes a la Presidencia en 2018, como al gobernador de Michoacán, que fue acusado de lo mismo en la elección de 2015 y que, ahora, dice Silvano, buscará la candidatura a la presidencia por el PRD. El ‘moche’ será su lastre.

En el radar. Humberto Moreira anda mal y de malas. El coahuilense perdió la oportunidad de hacerse de fuero por la vía de una diputación local. El Partido Joven no alcanzó los votos necesarios para mantener el registro, y ayer, el profesor no se presentó al careo con ‘el ajonjolí de todos los moles’ marca Colmex, Sergio Aguayo, quien fue demandado por el ex gobernador por el ambiguo delito de daño moral. Aguayo dijo ayer que Moreira apuesta al desgaste. 

Periscopio. Que alguien nos dé razón del planeta que habita Manuel Granados, consejero Jurídico del gobierno de la Ciudad de México, ya que un juez ordenó la suspensión de la obra de la línea del Metrobús que se pretende circule por Reforma.

Difícil, que Granados pueda sustentar legalmente esta obra que, se supone, sería uno de los pocos legados de Miguel Ángel Mancera, si el consejero no pudo sostener la ultra mega inútil Constitución política chilanga.

@LeoAgusto

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