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OPINIÓN 13/11/2014 05:00 Actualizada 05:00

SUCESIÓN EN PUERTA Extraño resultó que ayer se diera a conocer una carta en la que el padre Alejandro Solalinde enumera las virtudes de Maurico Farah, para que se tomen en cuenta al momento de elegir al próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, principalmente en lo que se refiere al apoyo brindado a los migrantes. El curriculo de Farah es un buen respaldo y hay quien dice que sería el ombudsman más crítico de entre los tres candidatos. La carta de Solalinde puede tener dos enfoques, el primero, que quienes la dieron a conocer la utilicen para argumentar “injerencias externas” en la elección y busquen descarrilar su buen paso o, la segunda, que sirva el trabajo de Solalinde y su respaldo para allanarle el camino; ojalá sea lo segundo, porque ya fue suficiente tanta pasividad en la CNDH.

APLICAN PARTE DE LA REFORMA Los usuarios de telefonía móvil y fija tendrán, a partir de este jueves, el derecho de pedir el cambio de su número incluso si cuentan con cláusulas de plazos forzosos o adeudos con sus proveedores, pues si bien esto no los exime de pagar, tampoco deberá ser un impedimento para que realicen el proceso de portabilidad. Antes de las modificaciones, los operadores donadores, es decir, los que pierden el cliente, podían exigir la devolución de la línea si esta contaba con algún tipo de adeudo. El proceso para que los usuarios puedan migrar su número a otra compañía deberá durar máximo tres días hábiles, a partir de hoy, a la espera de que entren en pleno uso las nuevas reglas de portabilidad que obligan a que este proceso se haga en tan sólo un día natural.

LA JUSTICIA MÁS TARDÍA Ayer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de tres sentenciados por la matanza de Acteal, registrada el 22 de diciembre de 1997, al considerar que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y los cuerpos policiacos locales, fueron manipuladas y porque se violó el derecho al debido proceso de los afectados. Los ministros ampararon a Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y Alfredo Agustín Hernández Ruiz, después de 17 años de prisión.

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