Abatir la corrupción

OPINIÓN 13/11/2014 05:00 Actualizada 05:00

Según datos del INEGI del mes de junio, la corrupción es el tercer problema que más preocupa a los ciudadanos, sólo detrás de la inseguridad y el desempleo; y en 2013 México se ubicó en el lugar 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional.

En este marco, es oportuno reconocer que desde el inicio de su administración el presidente Enrique Peña Nieto planteó con claridad la necesidad de combatir la corrupción, mostrando voluntad política para trabajar en mecanismos y órganos de control que aseguren una mayor eficacia en la lucha contra este flagelo y, al mismo tiempo, la consolidación de una auténtica cultura de rendición de cuentas. El gobierno federal deja clara la obligación de todos los funcionarios públicos de desempeñarse bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

En cumplimiento con los compromisos adquiridos por el presidente en la campaña, en noviembre de 2012 el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República presentó una iniciativa en la materia, que proponía la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción en reemplazo de la Secretaría de la Función Pública. Con esta iniciativa se proponía crear un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular.

Esta iniciativa fue objeto de un intenso debate que duró poco más de un año en el Senado de la República, siendo aprobada con modificaciones en diciembre de 2013 por 111 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Actualmente se encuentra en análisis en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, y en consonancia con la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada en diciembre de 2013, en el mes de septiembre, el presidente Peña Nieto envió una iniciativa de ley que crea la Fiscalía General de la República, órgano que reemplazaría a la actual PGR. El texto prevé la creación de una fiscalía especializada en combate a la corrupción, lo que muestra nuevamente el interés del gobierno federal por trabajar para generar avances importantes en el marco jurídico que permitan atacar de manera decidida este grave problema que dificulta el desarrollo del país. La fiscalía especializada deberá coordinarse con la Comisión Anticorrupción, por ello puede que resulte conveniente que ambas iniciativas sean tratadas y discutidas de forma simultánea.

Hoy, la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo ambos proyectos, mientras el Senado de la República trabaja en importantes avances en materia de transparencia y acceso a la información. Los legisladores federales tenemos plena conciencia del momento que vive México, y de la respuesta que debemos dar, en el ámbito de nuestras atribuciones, a los problemas que afectan el desempeño del país y la percepción de los ciudadanos sobre las instituciones democráticas. Trabajamos a diario, y lo seguiremos haciendo, para estar a la altura de las exigencias de nuestro tiempo.

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