Cuando lo que la salud de la nación necesita urgentemente es el esclarecimiento de los sanguinarios hechos de Iguala, ganar tiempo parece haberse convertido en el principal objetivo de los gobiernos de Guerrero y federal.

Ganar tiempo no es lo mismo que darse tiempo.

Darse tiempo, en situaciones tan críticas como la de la muerte y desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sugiere tomar el necesario para investigar concienzuda, puntillosamente, y/o fincar una acusación sólida que garantice el castigo de los culpables.

Ganar tiempo, a su vez, sugiere otras intenciones: acaso disponer del necesario para acomodar o encubrir hechos y así llegar a la conclusión menos dañina para delincuentes y autoridades que, por lo menos en este caso, todo apunta a que actuaron coludidos.

Y es tal la desconfianza ciudadana en sus autoridades (debilidad institucional le llamó el presidente Peña Nieto), que resulta más creíble pensar que, en lugar de darse tiempo para hacer una investigación sin mácula, en la que no quepa la menor de las dudas, los gobiernos trabajan para ganar el que les permita encubrir o distorsionar.

Eso explicaría dos cosas:

1. El que tarden tanto los resultados genéticos de los cadáveres calcinados en las fosas para saber si corresponden a alguno de los 43 normalistas desaparecidos. ¿O qué las nuevas técnicas forenses no permiten obtener resultados más prontos? ¿Por qué seguir soslayando, mientras están los peritajes, que a fosas y cadáveres se llegó por las declaraciones de varios de los policías municipales detenidos, que precisaron así el paradero de los normalistas buscados?.

2. La confrontación declarativa que protagonizaron el sábado el gobernador de Guerrero y el procurador General de la República. Ángel Aguirre se adelantó y salió a declarar el sábado que, por los primeros resultados periciales, algunos de los cuerpos de la fosas no corresponden a los de los normalistas desaparecidos. Horas después, Jesús Murillo Karam salía al paso del aserto, se preguntaba, entre serio y molesto, de dónde había sacado esa información el gobernador guerrerense y aseguraba que aún no hay suficientes elementos para poder realizar la identificación de los cadáveres calcinados de las fosas.

¿Por qué el gobierno local dice que los cadáveres no son de los normalistas y el federal, que off the record ha declarado estar convencido que sí son, le reclama que se adelante y confunda a los familiares de los desaparecidos, a quienes ya les dio el carácter de coadyuvantes cuando hace un par de días solicitaron el dictamen de una comisión forense independiente argentina, que ya está en Iguala pero que se le ha impedido acercarse siquiera a las fosas?.

Lo único que hace todo eso es atizar la desconfianza y dar lugar a un sinnúmero de interpretaciones y explicaciones en su mayoría interesadas.

El sábado, por ejemplo, circuló profusamente en Twitter este mensaje de la cuenta @solociudadanos: “Caso #Iguala Estemos atentos, se alista monumental, despiadado y desesperado montaje en torno al caso #Ayotzinapa #TodosSomosAyotzinapa”.

La cuenta incluye mucha información de Iguala y no sabemos a quién pertenece. Llama la atención, sin embargo, que el sábado 4 de octubre a las 8:11 horas (al menos tres horas antes de que se informara de la localización de las primeras fosas clandestinas y los cadáveres) alertaba: “Algo se está gestando presuntos responsables del levantamiento de estudiantes… aparecerá grupo de indigentes (sic) de Buena Vista de Cuéllar calcinados”.

Un minuto después, a las 8:12, @solociudadanos añadía: “Segundo aviso: se llevaron a seis indígenas (sic) para torturarlos y presentarlos en próximos días como responsables y éstos, a su vez, señalarán a La Maña y a municipales como responsables”.

Tres horas después, la opinión pública se sacudía con la noticia de las fosas y los cadáveres calcinados hasta ahora de desconocidos.

Se trata, por supuesto, de datos que deben tomarse con toda reserva, pues no se sabe quién o quiénes están detrás de esa cuenta. Podrían ser mensajes tendientes a crear más confusión, a provocar más terror, aunque también podría ser un auténtico ejercicio ciudadano tendiente a crear conciencia respecto a este hecho tan grave.

Por lo demás, nada de lo ahí dicho (levantamientos, torturas, violación de derechos) son prácticas en la que no hayan incurrido instancias del Estado mexicano en sus etapas más salvajes y represivas, o los grupos delincuenciales, cada vez más violentos. Lo nuevo y aterrador es que ahora operan conjuntamente, como al parecer ocurrió en el caso Iguala.

Urge, por eso, que la autoridad dé a conocer ya resultados contundentes y creíbles. No quiero imaginar qué pase si nos salen otra vez aquí con una versión como la de la muerte de la niña Paulette.