La CNTE, El Grito, el desfile

Vie, 13/09/2013 - 05:00

Hasta el momento de escribir esta columna, líderes de la CNTE continuaban la consulta a sus bases sobre lo planteado en la reunión privada de no más de una hora que sostuvieron con el secretario de Gobernación y en la que, según declararon, no se alcanzó ningún acuerdo. Y es que las posiciones de ambas partes se mantienen irreductibles: la derogación de las recientemente promulgadas leyes educativas que los disidentes del magisterio exigen y la negativa tajante del gobierno a concederla.

Éste —presionado por la necesidad de que se desocupe el Zócalo para que domingo y lunes se realicen El Grito y el desfile, como aseguró que ocurrirá Miguel Ángel Osorio Chong— ofrecía una serie de prerrogativas, sobre todo económicas, a cambio de la liberación de la plaza.

Ya por la noche se escuchaba en las frecuencias policiacas la posibilidad de que el plantón de la CNTE se trasladara al monumento a la Revolución, mientras que fuentes de los manifestantes decían que su salida del Zócalo se discutiría anoche mismo en asambleas locales y hoy en asamblea general.

Si ese traslado no lo consigue el gobierno, aumentarán las posibilidades de un desalojo violento del Zócalo sin que eso quiera decir que todavía pueda imponerse la prudencia para evitarlo. Pero recuperar la plaza a golpes o de plano cederla, sería en ambos casos un descalabro para Osorio Chong. Por el contrario, quitar del Zócalo el campamento de la CNTE sin romper vidrios y bajo un acuerdo, le anotaría varios puntos a su favor.

Pero liberar la plaza, si así ocurre, no será la solución del conflicto. Éste parece arraigarse entre los contingentes que protestan en la ciudad de México y ha permeado incluso en no pocas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la organización gremial que, a diferencia de la CNTE, es la que cuenta con la titularidad del contrato colectivo de trabajo y, en consecuencia, con el reconocimiento del gobierno federal como interlocutor institucional.

La protesta ya no está concentrada sólo en el DF y en los estados con mayor influencia de la CNTE como Oaxaca, Guerrero y Michoacán: el miércoles hubo manifestaciones con bloqueos a vías de comunicación y puentes internacionales así como tomas de oficinas gubernamentales en Sonora, Baja California, Tamaulipas, Durango, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas. En total 24 estados que convergieron en el llamado “paro cívico nacional” convocado por la CNTE y al que se sumaron aquí el SME y el CCH Naucalpan, entre otros.

De manera que el desalojo del Zócalo antes del sábado por acuerdo o por la fuerza no es de ninguna manera la solución de un conflicto que tiene mucho más fondo. Tampoco lo es que cesen las protestas en el DF.

No se trata de movilizaciones dirigidas contra el gobierno para desestabilizarlo. Se trata de demandas reales de grupos que, en su opinión, no enfrentan una reforma educativa sino un cambio de los términos de una relación laboral que les resulta desventajosa aun en las condiciones de precariedad en la que muchos viven y la clausura de medios —no los más adecuados por cierto— que a amplios sectores del medio rural le aportan posibilidades de movilidad social.

Lo más seguro —y qué bueno que así sea— es que el domingo y lunes habrá festejos patrios sin contratiempos. Pero la rebelión de estos grupos radicalizados del magisterio seguirá en las calles hasta que tope con algún tipo de cesión por parte del gobierno o, de plano, con el garrote.

Instantánea

SUMA DE APOYOS. La Fundación para la Libertad de Expresión resolvió impulsar al maestro en derecho procesal constitucional, Enrique Carpizo, para encabezar la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Lo considera “un candidato con sólida formación académica, probada trayectoria en defensa de los derechos humanos en diversas regiones del país como lo mandata la Ley de Víctimas”. El apoyo de la Fundalex se suma al que le han dado universidades públicas como la UNAM, la Autónoma de Campeche, la de Yucatán, San Luis Potosí, Guadalajara, Sinaloa, Nuevo León y DF. El gobierno federal dio a conocer la semana pasada las ternas propuestas por universidades públicas y organizaciones de derechos humanos que enviará al Senado para su aprobación. En ellas destaca la figura de Carpizo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios.

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