Veracruz: entre el saqueo y la quiebra

OPINIÓN 13/05/2015 05:00 Actualizada 05:00

Pobre Veracruz, cómo duele Mientras que el gobierno de Veracruz está técnicamente quebrado y con desvíos de fondos que la Auditoría Superior de la Federación estima en 28 mil millones de pesos, funcionarios y ex funcionarios del gobernador Javier Duarte de Ochoa se revuelcan en el lodazal, se evaden, en pánico, de las denuncias penales y administrativas que se han enderezado en su contra, y los más cínicos, no dejan de enriquecerse a costa de los veracruzanos.

Hay, entre estos últimos, una periodista, Gina Domínguez Colío, cesada por cierto a principios del año pasado de la vocería y la oficina de Comunicación Social de Duarte, pues sus negocios personales entraron en choque con los de su jefe.

Domínguez Colío, quien también fuera jefe de prensa del ex gobernador de Quintana Roo, hoy en prisión, Mario Villanueva Madrid, y de quien se deslindó cuando ‘le llegó el agua al cuello’, se ocupó de la Comunicación Social desde el inicio de la gestión de Duarte y en los casi cuatro años que estuvo ahí, ocurrieron diez asesinatos de periodistas. Lo que parece claro es que atizó las circunstancias en que se dieron: un control férreo y autoritario de los medios veracruzanos (salvo muy contadas excepciones), dando y quitando publicidad oficial, ordenando qué se publicaba y qué no, y exigiendo el despido de colegas incómodos, para mostrar una realidad que jamás ha existido en lleva el “duartismo”.

Gina, seguramente afectada en sus negocios personales, compró un pleito que a la larga le costó la ‘cabeza’: se enfrentó a un medio de comunicación que floreció al final del sexenio de Fidel Herrera y al que Duarte le ha inyectado inversión millonaria para llegar a competir con el ‘Diario de Xalapa’. Se trata de ‘El Heraldo de Xalapa’ propiedad, nada más y nada menos, que de la familia Sánchez Macías, entre ellos, Tony Macías, suegro del gobernador Duarte de Ochoa.

En ese contexto, vino el homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, ya el décimo comunicador asesinado en los cuatros años de gobierno de Duarte, lo que levantó una ola de críticas no sólo de periodistas mexicanos, sino también extranjeros, además de señalamientos y exigencias de parte de grupos defensores de los derechos humanos. El daño en la imagen del gobernador fue irreparable.

El cese de Gina, sin embargo, le ha permitido seguir expandiendo su negocios entre los que hay (según se nos informa) algunas radiodifusoras y la reciente compra de la franquicia de una agencia de noticias que ha cobrado fuerza durante los últimos años por sus coberturas en Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

Pero otros funcionarios y ex funcionarios de Duarte andan más bien entre la quiebra del estado y el pánico, pues hay denuncias contra al menos 21 de ellos, entre otros Gabriel Deantes, Fernando Charleston, Iván López Fernández, Tomás Ruiz, Carlos Aguirre y Marcelo Montiel. Y muchos más debe haber si, como le decía al principio, hay 28 mil millones de pesos desviados.

Cómo estará la cosa que la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, exigió en febrero pasado la remoción del secretario de Finanzas del estado, Mauricio Audirac, quien fue reemplazado por Antonio Gómez Pelegrín, el sexto secretario de Finanzas del “duartismo”.

Las siguientes son las irregularidades que han ameritado denuncia penal:

22 mil 900 millones de pesos de recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería de la Federación; 18 mil millones de pesos erogados sin documentación comprobatoria; y diez mil 900 millones de pesos transferidos a cuentas bancarias distintas a las autoridades.

Hay, por supuesto, otras denuncias administrativas que incluyen pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal y recursos no entregados por las secretarías de Finanzas a las dependencias ejecutoras.

Ese es el tamaño de la quiebra y el del pánico de los probables responsables.

Por eso hoy, el gobernador Duarte apenas puede con la nómina, aunque aún debe aguinaldos; y sigue dando largas a sus múltiples acreedores: presidentes municipales, empresarios, constructores, prestadores de servicios, dueños de medios y a los organizadores de los Juegos Centroamericanos.

Pobre Veracruz, cómo duele.

@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
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