Ahora van por el agua

Vie, 13/03/2015 - 05:00

Esta semana, las diputadas y los diputados de Morena lograron frenar la aprobación de la privatización del agua. Cuando muchos pensaban que el ciclo privatizador había terminado, los legisladores del PRI y sus aliados empujaron la posibilidad de ahora entregar el vital líquido a manos particulares.

No es cualquier cosa. Detrás del intento por privatizar el agua están los intereses de empresas como Higa que serán beneficiadas de los contratos y concesiones. En éste, como en todos los casos anteriores, la privatización implicaría un millonario acto de corrupción como el de la ‘casa blanca’ de Peña Nieto.

Esta ley que se pretende aprobar prácticamente obliga a las entidades públicas encargadas de suministrar el vital líquido a determinar las formas de participación privada. Es decir, obliga a darle entrada al sector privado a este servicio que tiene el carácter de derecho humano. El proyecto en discusión también obliga a los organismos encargados del agua a ser autosuficientes financieramente, lo que implica de forma obligada acabar con los subsidios aplicados a este servicio.

En el mismo proyecto se documenta una focalización extrema de los subsidios que beneficiaría a núcleos muy reducidos de personas que viven en extrema pobreza. En otras palabras, para la gran mayoría de la población se perdería el subsidio que hoy existe al servicio de agua potable. Con ello, se generaría una oleada de aumentos en todo el país y también se tendría como consecuencia que las franjas de población que no tuvieran para pagar el servicio verían cortado el servicio.

En pocas palabras, el subsidio se convertiría en la plusvalía de empresas como Higa que serían beneficiarias de los contratos que se producirían. Es decir, los beneficiarios de esta iniciativa serían grandes compañías que se encuentran de por sí ya enriquecidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por ello, es importante mantenerse alerta ante un albazo legislativo y movilizarse en caso de que sea necesario. No es cualquier cosa, se trata de entregar la fuente de la vida a las grandes empresas y sus intereses.

No obstante que es un tema que se ha difundido poco en los medios de comunicación, la batalla por el derecho al acceso al agua se ha recrudecido en este sexenio y ya ha cobrado la libertad de varios activistas en todo el país, entre esos casos destaca el de Teresita Brito, detenida injustamente por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Por ello, no sólo deben ser liberados todos los presos por defender el agua, también se tiene que garantizar la dotación del líquido vital a toda la población. Las empresas sólo garantizarían el acceso al agua a quienes puedan pagarla. En cambio, el Estado tiene la obligación de dotar agua a toda la gente sin importar raza, religión o condición social. De ahí la importancia de evitar esta privatización que hoy amenaza a todos los mexicanos.

 
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