Una confrontación armada de dimensiones y consecuencias insospechadas es lo que se ve venir en Michoacán tan pronto como hoy o cualquier día de esta semana cuando muy tarde, si no es que ya ocurrió entre la entrega y la publicación de esta columna.

La más reciente escalada inició el pasado 4 de enero, cuando las llamadas autodefensas tomaron el municipio de Parácuaro, en Tierra Caliente, y retuvieron 11 policías municipales. Hasta hoy los mantienen como rehenes entre protestas, bloqueos y quema de vehículos con que pobladores exigen que se vayan las también llamadas guardias comunitarias.

El viernes 10 de enero, mientras continuaba la referida protesta, las autodefensas avanzaron a Antúnez, otra localidad del municipio de Parácuaro, en tanto que encapuchados pedían la intervención de las fuerzas federales para desarmar y replegar a los comunitarios e incendiaban el palacio municipal y siete tiendas de conveniencia en Apatzingán, ciudad ya de mayor importancia y zona de influencia de Los Caballeros Templarios. Ese mismo día, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fijaba por primera vez con absoluta claridad la posición del gobierno federal respecto a las autodefensas: actúan fuera de la ley y ya se les hizo saber que no se les tolerará por muy buenas que sean sus intenciones, declaración ésta que sugiere una ya pronta intervención de la Policía Federal y el Ejército.

El sábado 11 de enero las autodefensas reforzaron posiciones en Antúnez, avanzaron y tomaron Cuatro Caminos, y empezaron a preparar su avance a Apatzingán y Uruapan, todo entre las protestas, bloqueos y quemas de pobladores inconformes que siguieron y dejaron un saldo de siete tiendas dañadas y 12 vehículos incendiados. La noche del sábado se informaba, incluso, de enfrentamientos entre civiles armados en el sur de Uruapan y de la movilización de fuerzas de la Policía Federal.

Las autodefensas son un poco de todo lo que se ha dicho durante los últimos días:

1. Pueblo que tomó las armas para protegerse de delincuentes y policías coludidos hasta no poder diferenciarse entre sí, para garantizar la seguridad de sus comunidades y llenar el vacío dejado por los gobiernos municipales, estatales y federal. No es remoto, en este caso, que la inconformidad expresada en bloqueos y quema de vehículos por quienes son ciudadanos de esas comunidades contra las guardias comunitarias sea promovida mediante amenazas o buenas sumas de dinero, por la propia delincuencia organizada.

2. Guardias organizados y armados por productores rurales y empresarios de toda índole, hartos ya de pagarle al crimen “derecho de piso” y de amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos de los cárteles. Acaso los haya también armados y organizados por los gobiernos locales y/o federal (paramilitares).

3. Grupos organizados, armados y manejados por organizaciones guerrilleras o movimientos sociales radicales, para crear inestabilidad social, como parte de sus objetivos ideológicos y políticos.

Y 4. Grupos organizados, armados, financiados y manejadas por la delincuencia, también con la intención de atizar la inestabilidad y crear zozobra, a fin de consolidar su dominio territorial y garantizar sus ilícitos negocios.

Hay autodefensas, pues, con alguna o todas esas características, lo que hace muy complejo el entendimiento del problema y la definición de la estrategia para atajarlas. En cualquiera de los perfiles citados (incluso el de armarse para garantizar la seguridad), actúan fuera de la ley, pues desafían al Estado al arrebatarle el monopolio en el uso de la fuerza que le otorga nuestra legalidad. Michoacán, por lo tanto, está envuelto en un conflicto político-militar entre varios grupos armados ilegales.

Deseable sería, no obstante, que antes de actuar el Estado tuviera claramente identificados a quienes actúan de buena fe, a los que son guardias blancas, a los que son guerrilla y a los que son delincuentes, en este coctel de fuerza de fuego al que se confrontarían las policías federales y Ejército en una batalla de dimensiones y consecuencias impredecibles.

Queda claro que lo que ocurre en Michoacán es expresión de un Estado fallido que apaga el triunfalismo de las élites política y económica por la aprobación de las reformas estructurales que, según lo dicho por el presidente de la OCDE, José Ángel Gurría, serán las incomparables buenas cuentas que llevará Peña Nieto al Foro Económico de Davos. Y aunque suene feo así es: el Presidente le rinde cuentas a los gurús del neoliberalismo.