Hay dos hechos recientes cometidos desde las dos vertientes posibles del abuso del poder: la política, en Puebla, con la muerte de un menor, en la represión excesiva de una protesta social; y la económica, en Sonora, con el desastre ecológico producido por una mina cuyos propietarios han hecho y hacen todo lo posible para evadir su responsabilidad, tal y como lo hicieron hace ocho años, con la muerte de 65 mineros en el descuidado y peligroso socavón de Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila.

En el caso de Puebla, una investigación realizada de oficio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluye que la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, fue consecuencia del uso abusivo y excesivo de la fuerza policiaca.

Estos hechos se remontan al 9 de julio pasado. La comunidad de San Bernardino Chalchihuapan exigía la reapertura de su oficina del Registro Civil que, por disposición de una nueva ley fue concentrado en la capital. Como no escuchaban su demanda, bloquearon un tramo de la autopista Puebla-Atlixco. La policía estatal avanzó para desalojarlos y la comunidad los enfrentó con piedras y cohetes. El niño Tehuatlie Tamayo recibió una grave herida en la cabeza que, diez días después le cobró la vida.

Testigos del enfrentamiento denunciaron que la víctima había recibido el disparo de una bala de goma, lo que el gobierno de Rafael Moreno Valle, en medio todavía de la polémica de la Ley Bala finalmente derogada, rechazó tajantemente la versión. El procurador del estado, Víctor Carrancá, realizó una investigación que planteó como hipótesis que la herida de Tehuatlie Tamayo fue provocada por la onda expansiva de uno de los cohetones lanzados por los propios manifestantes contra la policía.

Para entonces ya avanzaba la investigación que, por oficio, realizó la CNDH y cuyo resultado se dio a conocer ayer: la víctima no murió por el cohetón, sino por un proyectil que lanzó la policía. Agregadas al peritaje, la CNDH hizo una serie de recomendaciones al gobierno de Moreno Valle entre las que pide abrir una investigación a Facundo Rosas, secretario de Seguridad Pública del estado, el hombre que fuera brazo derecho del inefable Genaro García Luna, el poderoso e impune jefe policiaco de Felipe Calderón.

En el caso de Sonora, el Grupo México del empresario Germán Larrea desafió incluso al gobierno federal, en su intención de salir impune del derrame tóxico que provocó en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, su subsidiaria Buenavista del Cobre.

Este hecho se remonta al 7 de agosto pasado, cuando ocurrió el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre. Larrea y su poderoso conglomerado al que se le concesionó gran parte de la riqueza mineral del país desde el gobierno de Carlos Salinas, rechazaron de inmediato cualquier responsabilidad con el accidente, no obstante las innumerables evidencias de que fue un problema grave de mantenimiento.

Cuando el 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados y murieron 65 mineros en un socavón de carbón de Pasta de Conchos, propiedad también de Larrea, éste hizo todo lo posible, y lo logró, para evadir cualquier responsabilidad con las víctimas. Ni siquiera quiso gastar en un rescate que permitiera a los familiares de los muertos darles sepultura. Larrea contó entonces, con el apoyo sin recato, de la primera administración panista, la de Vicente Fox, protección que continuó los seis años de Felipe Calderón.

El presidente de Grupo México siguió demandando este trato con el derrame de Buenavista del Cobre, pero conforme crecieron los daños provocados, creció la presión de los afectados y de los gobiernos estatal y federal para que resarciera los daños causados.

Ayer finalmente cedió: fue obligado a conformar un fideicomiso de dos mil millones de pesos para garantizar la reparación de daños sin que eso lo libre de la posibilidad de pagar multas o, incluso, de que se le suspenda temporalmente o se le cancele, la concesión de esa mina.

Habrá que esperar las reacciones de Larrea. El forma parte de esa élite, de ese pequeño grupo que es dueño ya de la mayor parte del país y que ya se acostumbró a hacer lo que se le da la gana. Muchos de esos vendrán pronto con las concesiones petroleras y a ver de a cómo nos toca. Ellos contarán con el apoyo de otros abusivos del poder, pero desde la vertiente política, como es el caso del poblano Moreno Valle.