El Partido Verde Ecologista de México acumuló multas por poco más de 500 millones de pesos en el más reciente proceso electoral. El INE castigó así las interpretaciones delictivas que ese partido hizo de la ley para, entre otras cosas, poder anunciarse ventajosamente en salas cinematográficas, no dejar de hacerlo cuando se le exigió y hacer pasar por informes de labores, mensajes francamente propagandísticos.

Con ese antecedente cuesta trabajo creer que Arturo Escobar y Vega, quien fuera su presidente cuando incurrió en las faltas electorales referidas, no haya echado mano de otras malas mañas para comprar votos, práctica ya generalizada en México, con la sola diferencia de la discreción con que lo hacen los actores políticos.

No obstante, Escobar libró la acusación de haber entregado a ciudadanos 10 mil tarjetas "Premia Platino" a cambio de votos para candidatos del Verde en las elecciones federales de julio pasado. Acusación ésta que le fincó el fiscal Especial de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, quien solicitó la aprehensión del verde que en ese momento era subsecretario de Gobernación y se vio obligado a dejar un cargo cuyo nombramiento causó mucha polémica, precisamente por las faltas electorales castigadas con las multas de marras.

Pero la juez federal Rosa María Cervantes Mejía negó la aprehensión. Consideró que el Ministerio Público Federal no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar. Explicó que la Fiscalía Electoral le imputó el delito de destinar o recibir aportaciones a favor de un partido, cuando la anomalía consistió en firmar un contrato con la empresa "Proyectos Juveniles". Expertos en derecho electoral consideran que el tipo penal que mejor se hubiera ajustado a los señalamientos contra Escobar era el de haber usado datos personales para el reparto de propaganda a favor del Verde.

El argumento de la juez Cervantes Mejía parece impecable y transfiere al fiscal Nieto Castillo la responsabilidad de que Escobar no haya sido consignado. Sin embargo, en la percepción de la gente quedó ‘plantada', como siempre, la certeza de que la juez fue comprada, a lo que se suma, sí, la probable pifia del fiscal electoral, sin que deje de pesar en esa opinión la andanada de críticas que ha recibido durante los últimos días, tras conocerse que antes de asumir la titularidad de la Fepade, no notificó al Senado (instancia obligada a ratificarlo) que fue asesor del PRD, lo que constituía un claro conflicto de interés de cara a la imparcialidad requerida para su función.

La Fiscalía Electoral tiene tres días para impugnar la negativa de la juez, cosa que no había hecho hasta el momento de escribir esta columna. Mientras tanto, Escobar, desde la soberbia que da el dinero (¿se acuerdan cuando fue descubierto en el aeropuerto de Chiapas con una maleta Louis Vuitton cargada con un millón cien mil pesos en efectivo que jamás pudo explicar de quién eran y para qué?), emprendió acciones legales contra Nieto Castillo a quien exige una disculpa pública y la reparación del daño moral (¿cuál moral?), además de acusarlo de violar el debido proceso al dar a conocer datos de una investigación, no respetar la presunción de inocencia ni resguardar datos personales.

Quizás el tiempo y la ley den la razón en esto a quien la tenga. Queda claro, por lo pronto, que aquí ya no creemos en los jueces, ni se respeta la autonomía con que, en este caso, se dotó al fiscal electoral; que nada pasa con las interpretaciones delictivas de la ley y que en este país los partidos políticos ya no buscan convencer, sino comprar al votante.

Sentar un precedente legal en contra de la compra de votos, mal hubiera caído en el PRI y en el gobierno, pues justamente de eso se les acusó en las pasadas elecciones presidenciales, con la exoneración, por supuesto, del Tribunal Electoral.

Instantánea. COMENTÁBAMOS aquí en la pasada entrega que se venía la aprobación de la reforma política para el DF y de que eso abonaría al capital político del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Agrega sin duda a ese logro, la desindexación del salario mínimo para su aumento y el programa "Médico en su casa".

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