DF

Miguel Ángel Mancera tenía muy amarrada con Enrique Peña Nieto la reforma política para el Distrito Federal. Para el PRD, además, ese era el pago por apoyar la reforma hacendaria del Presidente, igual que la política-electoral fue carta de cambio al PAN por su apoyo a la energética.

En medio de todo esto, lo que parece claro es que Mancera y el PRD obtendrán la reforma política para el DF lo que, desde cualquier punto, representará un avance para la vida democrática de la capital del país. Las bancadas de PRI, PAN, PRD, PVEM y PT abrieron el viernes pasado el proceso para dictaminar lo que será un nuevo diseño político y administrativo de la ciudad de México, para aprobarlo esta misma semana.

¿Cuáles son sus principales aspectos?

1. Convertir al DF en un estado más de la República, es decir, igualarlo a las 31 entidades federativas. Ahora se llamaría la Ciudad Capital porque mantendría la sede de los poderes federales; y las 16 delegaciones serían demarcaciones territoriales gobernadas por alcaldes que sustituirían a los actuales jefes delegacionales, pero también electos por el voto popular. La elección se haría extensiva a órganos como los cabildos municipales de los estados.

2. Crear una Constitución para la Ciudad Capital. El Poder Constituyente, es decir, la asamblea popular que tendría a su cargo la redacción de esa Constitución, podría ser la propia Asamblea Legislativa del DF que se elija para 2015 o, en caso de que se determine hacerla el año próximo (2014), una asamblea proporcional que utilice los distritos electorales actuales para definir a sus integrantes. Sólo la ALDF tendría la facultad de aprobar adiciones y reformas a esa Constitución, tal y como ocurre con los Congreso locales.

3. Delimitar los poderes que sobre la Ciudad Capital tendrá el Congreso de la Unión. A él le tocaría legislar en materia de coordinación de la zona metropolitana de acuerdo con lo que establezca al respecto la Constitución capitalina; y seguirá siendo el que autorice su monto de endeudamiento.

4. Delimitar las facultades del Presidente de la República ya que le tocará a él seguir informando al Congreso de la Unión sobre la coordinación metropolitana y el monto de endeudamiento. Ya no nombraría ni ratificaría ni removería, como ocurre actualmente, al procurador de Justicia y al secretario de Seguridad Pública.

5. Fortalecer al Poder Judicial local. Sería un Supremo Tribunal de Justicia el que elegiría a sus magistrados y no podrán serlo aquellos que en el año previo a su elección hayan sido secretarios en el gobierno, procuradores o diputados locales.

El avance, puede apreciarse, será notable. La ciudad tuvo desde 1917 un régimen jurídico y administrativo totalmente dependiente del Ejecutivo federal (que nombraba un regente) y del Congreso de la Unión. Un primer cambio se registró con la creación de una Asamblea de Representantes en 1986 para asumir la responsabilidad de crear y aprobar reglamentos. En 1996 se ampliaron sus facultades y pudo legislar en temas específicos, pero el jefe del Departamento del Distrito Federal seguía siendo nombrado por el Presidente. Y más radical fue el cambio de 1996, cuando se aprobó la elección del jefe de gobierno y de los delegados por el voto directo de la ciudadanía.

Instantánea

1. IGNOMINIA. Al momento de escribir esta columna seguía el debate en el Senado de la reforma energética. Todo apuntaba a su aprobación. A estas horas el PRI y el PAN habrán avalado la cesión del dominio de la nación sobre su principal recurso natural, el petróleo, porque ese es el debate y no la privatización o no de Pemex y la CFE. Será una victoria ideológica del PAN sobre el PRI, partido este último que abjura a sus principios y se muestra, como nunca, sometido a los intereses del gran capital. Esta traición a la patria será de tal alcance que modificará bases y viabilidad del Estado mexicano. Volverá a dividir a los mexicanos y no es remoto que dará lugar a la larga a un estallido social.