La burbuja inmobiliaria en la delegación Benito Juárez sigue salpicando a los corruptos. Usted recordará que el sábado pasado, en la explanada delegacional del “bastión azul”, un par de funcionarios panistas recibieron de viva voz las quejas de los vecinos por los daños del terremoto del 19 de septiembre: “Asesinos”, “corruptos”. Esto, según consta en videos testimoniales que circulan en redes sociales, donde también se puede escuchar una enardecida voz que expresa a grito pelado “vamos a lincharlos”, señalando al secretario particular de Christian Von Roehrich, Federico Chávez, y también el director Jurídico y de Gobierno, Armando Ramírez, grito que afortunadamente no fue secundado. 

Previo a la catarsis, un grupo cada vez más grande de vecinos organizados de la BJ, que fueron afectados directa o indirectamente por el terremoto del 19-S y por la gentrificación salvaje en colonias como Portales, Narvarte y Del Valle, entregaron en Oficialía de Partes una petición de audiencia con el delegado Christian Von Roehrich, esto en términos del artículo 8 de la Constitución, petición respaldada con casi mil 500 firmas. En dicho pliego petitorio, se exponen diez puntos para que sean resueltos por la autoridad delegacional, en primera instancia, y con la jefatura de gobierno, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Judicial de la Ciudad de México, según cada ámbito de competencia. 

Peticiones que cualquier sociedad haría a su gobierno después de un desastre natural: “Justicia y reparación del daño, transparencia y rendición de cuentas; investigación y sanciones a los funcionarios, empresas y personas que, por acto u omisión, no cumplieron con la normatividad de construcción; revisión minuciosa de cada uno de los inmuebles afectados, publicación de su estado y del número de personas damnificadas, en especial de escuelas y hospitales, acompañada por un cuerpo no gubernamental de expertos; suspensión indefinida de nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales; remoción y prohibición de anuncios espectaculares”. 

No se pierde nada con pedir, pero lo citado anteriormente responde al sentido común de ciudadanos que han reparado en la seguridad de su entorno, después de una tragedia como la que vivimos el pasado 19 de septiembre y que pudo evitarse respecto a pérdida de vidas humanas, de haber construido con los estándares utilizados en otros países con actividad sísmica, como Japón. Lo malo de Von Roehrich es que no propone ni tandas, como método de financiamiento para la reconstrucción. Por el contrario, hay un ánimo de continuar con la depredación urbana en colonias que hoy han perdido buena parte de su plusvalía, y las constructoras que tienen proyectos de vivienda en obras están en ánimo de terminar casas con estructuras de cartón que no garantizan mantenerse en pie en caso de terremoto.

Tal es el caso del desarrollo llamado Residencial Miguel Laurent, que sigue en preventa y la obra está detenida porque está junto a un par de edificios con daños estructurales. ‘El Gordo’ tuvo acceso a dos peritajes técnicos realizados al edificio de departamentos marcado con el número 1407 de la calle Miguel Laurent, en la colonia Portales Norte, donde señalan que la estructura del residencial en obra golpeó a los edificios contiguos, agravando el daño al socavar su resistencia con el golpeteo. La empresa de bienes raíces Class aún no ha hecho ninguna propuesta formal a los vecinos para la reparación de los daños, cuyo costo se estima en los diez millones de pesos. 

La muestra de la colusión entre autoridad y constructoras quedó plasmado en la tala de un árbol, cuya raíz inerte en la banqueta da fe de una vida de 50 años por lo menos; el infortunio de no existir en el ‘render’ donde se proyectó una entrada de estacionamiento. ¿Por qué Christian Von Roehrich sí atiende las peticiones de tala de la inmobiliaria Class y no hace caso de las exigencias de vecinos para que asuma la responsabilidad histórica de los gobiernos panistas en la Benito Juárez? La Constitución le obliga a dar la cara.