Reformas, alternancia y democracia

Vie, 11/10/2013 - 05:00

Aceptar que le corrijan la reforma fiscal revela, sin lugar a dudas, que el presidente Enrique Peña Nieto está dispuesto a negociar lo que sea con tal de sacar adelante la energética, que es la que verdaderamente le importa y por la que, ya lo dijo, está dispuesto a jugarse todo su capital político.

A la reforma energética le entrará el Congreso una vez que se resuelva la fiscal-hacendaria. Pero el PAN y el PRD —desde el Pacto por México— acordaron que antes de ésta deberá aprobarse la política-electoral.

El Pacto por México notificó ayer al Congreso que enviará la semana próxima dicha iniciativa que, entre otras cosas, plantea la desaparición del IFE y de los institutos electorales locales para dar paso a un Instituto Nacional de Elecciones (lo que revela la franca intención de arrebatar a los gobernadores el control de los comicios); y fijar en 3.5% del total de votos emitidos el mínimo para que un partido pueda mantener su registro (lo que sin duda lleva dedicatoria al Morena de López Obrador).

Si nos atenemos a los compromisos asumidos en el Pacto (del 88 al 95) hablamos de una reforma muy amplia. No queda claro si la condición para entrarle a la fiscal-hacendaria es la aprobación de toda la política-electoral o sólo la parte que tiene que ver con lo electoral.

De cualquier manera es interesante recordar los puntos más relevantes que plantea:

1. Una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad de optar entre gobernar con minoría política (en el Congreso) o hacerlo a través de una coalición legislativa y de gobierno. De esta última manera se conformaría una mayoría estable que ratificaría programa de gobierno, agenda legislativa y gabinete de coalición.

2. Una reforma constitucional para adelantar al 15 de septiembre la fecha de toma de posesión del Presidente, lo que entraría en vigor en 2024.

3. Una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a su actuación, tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales.

4. Una reforma electoral que atienda: la reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos; la disminución en el monto de los topes de campaña; la incorporación a las causales de nulidad electoral a) el rebase de topes de campaña, b) el uso de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral y c) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de comunicación.

5. Fortalecimiento de la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir o coaccionar el voto.

6. Creación de una autoridad electoral nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales.

7. Reforma del Distrito Federal que defina su nombre, lo dote de una Constitución propia y revise facultades de jefe de gobierno y Asamblea.

8. Leyes reglamentarias para candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente, consulta popular y reelección de legisladores.

Algo claro es que antes de la reforma fiscal se procesará la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Dos son los principales argumentos para sustituir al IFE y eliminar los institutos locales: arrebatar a los gobernadores el control que ejercen en los comicios de sus estados y reducir el alto costo de las elecciones. Este último no parece ser suficientemente sólido si, como nos dice el maestro Salvador Mora Velázquez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el IFE aumentó su gasto en 10 años (de 2000 a 2010) en 2% contra 17% en que el Poder Judicial lo hizo en ese mismo periodo. Por cuanto a la innegable injerencia de los gobernadores en los comicios, ¿no sería mejor dotar de más fuerza a los institutos electorales locales para meterlos en control? ¿No será un error pensar que la solución a nuestras deficiencias está en cambiar nuevamente al árbitro?

En todo esto hay mucho más fondo que lo puramente electoral. Los partidos tienen aún la idea equivocada de que son los únicos actores políticos y ya no es así. Lo fueron a partir de 1977 con la reforma política de Reyes Heroles, que finalmente nos llevó a la alternancia del 2000. Pero de entonces a la fecha las cosas han cambiado: el ciudadano ha empezado a tomar la calle y a exigir una democracia más horizontal, participativa y transparente, porque por supuesto que hay vida democrática después de la alternancia.

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