Aunque se presume como democracia representativa, el régimen político mexicano se parece más a una de esas dictaduras centroamericanas de los años 80 en las que se fingían elecciones libres y se imponían gobiernos títeres.

El año pasado asistimos al proceso formal de la competencia política. Cada fuerza presentó su plataforma y sus candidaturas. Una cosa va con la otra. El candidato a un puesto de elección popular tiene la obligación de registrar un programa de gobierno o un programa legislativo. ¿Por qué existe esta obligación?: porque de esta forma el ciudadano no vota simplemente por la persona sino por el proyecto que ésta enarbola.

Sin embargo, esta obligación se convierte en un ritual vacío de contenido y de sentido cuando los representantes electos traicionan sus compromisos programáticos y aplican proyectos que no registraron ante la autoridad electoral, no presentaron ante los electores y no fueron sometidos al escrutinio de la soberanía popular. Por eso, ética y jurídicamente un legislador o gobernante no puede aplicar el proyecto que quiera. Está obligado a llevar a cabo aquel que suscribió y ofreció a sus electores.

Esto explica por qué es una traición el empecinamiento de Enrique Peña Nieto en reformar la Constitución para privatizar la industria del petróleo. Peña Nieto engañó a los electores, dijo que no privatizaría el petróleo de llegar a la Presidencia. Pero ahora quiere reformar la Constitución para eliminar de la lista de áreas exclusivas de la nación las palabras petróleo, electricidad, petroquímica e hidrocarburos. Eso se llama traición. Eso no es democracia.