Respeto a instituciones: un deber, no una opción

Hace más de cuatro décadas cuando Robert Dahl, uno de los teóricos más importantes de la democracia, imaginaba una serie de características que debía cubrir todo régimen político que aspirara a calificarse como tal, señalaba la necesidad de contar con ciudadanos capaces de formular y expresar sus preferencias. Para lograr esto, señaló como requisito fundamental contar con una amplia diversidad de fuentes de información que les permitiera tener mejores oportunidades de influir en la agenda pública por la vía institucional.

Es cierto que la representación política de los legisladores a nombre de los ciudadanos, —quienes confían su voto a la mejor propuesta—, es el medio natural de transmisión de sus inquietudes y propuestas, sin embargo, las democracias han evolucionado, empoderando cada vez más a la gente, a fin de que puedan exponer sus posturas respecto a determinados temas relevantes de manera más ágil y directa.

En México, así lo entendimos los legisladores de la LXII legislatura, por ello aprobamos la Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014 y cuyo objetivo es permitir a la sociedad expresarse sobre actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la mayor trascendencia. Este mecanismo de participación directa, es más que una simple consulta, pues cabe recordar que en caso de rebasar el 40 por ciento de participación de ciudadanos en la lista nominal, tendrá efectos vinculatorios.

Dicha Ley dispone una serie de requisitos y procedimientos a cumplir para dotar de plena legalidad a una solicitud de Consulta Popular. Los artículos 14 y 28 son claros, los ciudadanos que soliciten llevar a cabo este ejercicio, deberán presentar su Aviso de Intención a la Mesa Directiva de la Cámara legislativa correspondiente y, en su momento, entregar al mismo órgano de gobierno las firmas necesarias para continuar su desahogo.

En este contexto de legalidad democrática, el pasado 10 de septiembre el ciudadano Andrés Manuel López Obrador acudió a la sede del Senado de la República a entregar en 136 cajas, las cuales presuntamente —falta que el Instituto Nacional Electoral las coteje— contienen más de 2 millones 712 mil 285 firmas, para avalar su solicitud de Consulta Popular.

Lamentablemente, en dicho acto se manifestó no sólo el desprecio por las instituciones, sino el desacato irracional a las reglas de la democracia, pues el personaje en cita, decidió omitir un acto protocolario de la mayor solemnidad, en el cual la Mesa Directiva del Senado debió recibir las firmas; por el contrario, utilizó las instalaciones como medio de propaganda personal.

Respetar el acuerdo protocolario no implicaba una decisión basada en caprichos, se planeó así porque como en todo recinto hay normas. Nadie puede poner en duda que cuando los ciudadanos confían su firma para expresarse sobre un asunto de la República, demanda atenderse con la mayor responsabilidad, por tratarse de asuntos de Estado.

Después de todo, no sólo observamos el menosprecio de la Ley, sino un abuso esquizofrénico de las instituciones democráticas, pues ¿Cómo calificaría usted a una persona que repudia las reglas de la democracia y a la vez, las utiliza para presentar la propuesta que encabeza? Sí, exactamente, carente de toda racionalidad.

No obstante, la Cámara de Senadores atenta y respetuosa del orden jurídico que nos hemos dado en un México plural, de libertades y de amplia participación, continuará el desarrollo de la solicitud de Consulta Popular, porque tenemos en la más alta consideración a los protagonistas del juego democrático: a los ciudadanos.

Estoy convencida que cuando el Partido Revolucionario Institucional acuda a entregar las firmas correspondientes para llevar a cabo la Consulta Popular que promueve —cuyo eje será aligerar la carga presupuestaria de la nación, reduciendo el número de diputados plurinominales—, se apegará en todo momento a Derecho y no tengo la menor duda que observará las reglas protocolarias del régimen institucional de nuestra democracia, después de todo, es el instituto político que en el siglo XX las originó, para dejar determinadamente en el pasado, los caudillismos arcaicos.

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