Como se recordará, el 21 de mayo, hace casi siete meses, aproximadamente 2 mil granaderos irrumpieron en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la zona alta de la delegación Álvaro Obregón. Los uniformados habían sido enviados para resguardar a trabajadores que realizaban obras para extraer agua de un manantial. Las autoridades aseguraron que la obra era para abastecer de agua a los mismos pobladores, pero los vecinos sostienen que pretenden llevarse el agua a zonas residenciales.

En ese entonces, vecinos y granaderos se enfrentaron, hubo muchos heridos de ambos lados, un policía incluso estuvo en coma; cinco pobladores fueron detenidos. De acuerdo con los familiares y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de San Bartolo Ameyalco, las autoridades han sido incapaces de presentar pruebas sobre su responsabilidad.

Recientemente, el juzgado séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF determinó que los delitos imputados no se encuentran fundamentados, por lo que la juez que lleva el caso tendrá hasta este viernes para reformular su auto de formal prisión. Entonces apenas comenzaría el proceso contra los detenidos, el cual duraría al menos un año más.

Los familiares de los detenidos han pedido, reiteradamente, entrevistarse con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que conozca los expedientes y elementos jurídicos y mostrarle que no son culpables, explica Emanuel, un joven miembro del Comité.

Incluso, el 27 de noviembre los familiares realizaron un mitin en el hemiciclo a Juárez. Nadie los recibió, así que los manifestantes cerraron avenida Juárez. Entonces, el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, dialogó con ellos. Éste se comprometió a entregar un documento a Mancera para exponer la situación y agendar una reunión para el 4 de diciembre. Pero llegó el día y nadie los recibió.

Los familiares acudieron tres veces más. De nuevo fueron ignorados. Hasta que ayer cerraron la avenida de los Poetas, en Álvaro Obregón, que conecta con la exclusiva zona de Santa Fe. Sólo así las autoridades delegacionales se comprometieron a facilitar el diálogo con el gobierno central.