Más fosas en Iguala y El Viceroy

Vie, 10/10/2014 - 05:00

Los servicios de seguridad e inteligencia en diversos países, incluido el nuestro, llaman “desconcentración de operaciones en tiempo y espacio” a la realización y difusión de determinados operativos de impacto mediático, para desviar la atención, o por lo menos distraerla, de hechos críticos que pone en entredicho su efectividad, ya sea porque no fueron capaces de preverlos o porque fueron cómplices por omisión o comisión.

La detención ayer en Torreón de Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, fundador del cártel de Juárez y sucesor de su hermano Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos tras su muerte el 4 de julio de 1997 es, en este caso, la operación desconcentrada.

La masacre de Iguala —con la aparición de otras cuatro fosas clandestinas con cuerpos calcinados— es el hecho cuya atención se pretende desviar, distraer, enfriar o, dicho en términos coloquiales, sacar del asador porque se quema.

No se sugiere con el aserto que el gobierno realice y difunda hechos espectaculares, preferentemente victorias en la lucha contra la inseguridad y la violencia, para dar carpetazo al caso del ataque policiaco a los normalistas de Ayotzinapa, la muerte de tres, la desaparición de 43 y su poco improbable fin en fosas clandestinas.

No, cerrar el caso Iguala desde un principio o a estas alturas, con la presión nacional e internacional que ha desatado, no solamente es inmoral, sino prácticamente imposible. El mismo presidente Peña Nieto ha prometido llegar en esto hasta donde tope. De manera que todo lo que surja en su esclarecimiento, que será mucho, tendrá que castigarse y asumirse legal y políticamente. No hacerlo sería el más grave error de Peña Nieto frente al que, con mucho, es el problema más grave y delicado que ha enfrentado.

Puede ser, por lo demás, que con la detención de Carrillo Fuentes (un capo que si bien era uno de los 122 objetivos a capturar y por el que la PGR y la DEA ofrecían millonarias recompensas, no tenía ya la influencia que alcanzó con su hermano Amado), se mande un mensaje de que el gobierno “está en control” y logrando éxitos, a pesar de la sacudida que ha provocado en sus cimientos la matanza de Iguala. Y qué mejor que el respiro de la captura de un histórico del narcotráfico en México.

Pero eso no acallará el indignado reclamo nacional por la desaparición de esos 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que muy probablemente fueron asesinados e ilegalmente inhumados por efectivos policiacos asociados con delincuentes, bajo el mando ambos del alcalde perredechucho de Iguala, José Luis Abarca.

El fuego, entre tanto, llegó a los aparejos del gobernador de alma priísta y ropaje perredechucho Ángel Aguirre, quien ahora recurre a un mecanismo logrado por la izquierda que mal representa, para salvar el pellejo. De manera que hoy solicitará al Congreso el inicio de un proceso de revocación de mandato en el que, mediante referéndum, los guerrerenses decidirán si se mantiene o se va del cargo.

Mientras, sigue la desesperación de los padres de los normalistas desaparecidos y la satanización de sus compañeros en múltiples medios de comunicación que los tachan de vándalos y de vagos, exactamente en la misma línea que quiso enfatizar en el mensaje de que era preciso meter orden.

Son muchas las evidencias, por lo demás, de que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, al igual que la mayoría de otras escuelas rurales del país, son jóvenes dedicados a su preparación y que ven con toda seriedad que como futuros maestros son factor cambio y movilidad social no sólo en sus comunidades, sino en sus estados y en el país entero. En congruencia con ese pensamiento llevan su lucha hasta la confrontación con los aparatos del Estado.

El sistema de normales rurales del país fue creado durante el cardenismo y es otra de las muchas obras de ese periodo que tienden a ser desmanteladas por la élite que hoy gobierna. La reforma educativa —por cierto— plantea abiertamente su desaparición.

Instantánea

AVIÓN PRESIDENCIAL. La fábrica de aviones Boeing entregó ayer a México el nuevo avión presidencial que tuvo un costo de 139 millones de dólares a pagar en 15 años. El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó su llegada ayer a la Base Aérea de Santa Lucía como parte de sus vuelos de prueba. Regresará a algún punto de Estados Unidos para completar su equipamiento. El nuevo TP-01 entrará en operaciones hasta septiembre próximo.

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