Ayotzinapa

OPINIÓN 10/10/2014 05:00 Actualizada 05:00

Esta semana, Morena reiteró su condena enérgica a las desapariciones y asesinatos de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Se sumó al amplio sector de la sociedad que exige castigo sin miramiento a los responsables materiales e intelectuales, trátese de quien se trate.

No podría ser de otra manera, los hechos son terriblemente graves. No debe haber impunidad ni encubrimiento de ningún tipo. Las autoridades municipales, estatales y federales que sean responsables por acción u omisión deben rendir cuentas ante la justicia.

Y, por supuesto, se debe proteger a las familias de las víctimas y presentar a los desaparecidos con vida.

Sin embargo, no debemos pasar por alto que el caso de Iguala no es único. En todo el país hay ejemplos muy graves de violencia, represión, inseguridad, violación a derechos humanos, abusos de autoridad y criminalización de la protesta.

Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son los responsables de haber generado el clima de violencia e impunidad que priva en México, y de usar los instrumentos de inteligencia para perseguir a opositores en lugar de prevenir la delincuencia y el crimen organizado.

México no era así. Hace 30 años la violencia era la excepción, no la regla. No obstante, en el sexenio calderonista ésta se incorporó a la vida cotidiana y copó espacios en los medios de comunicación como nunca antes.

Por si fuera poco, la actual administración federal ha sembrado y agudizado la violencia con sus reformas neoliberales. No hay gobierno, no hay atención a los problemas de la gente y del país. No se combate la corrupción. La economía no crece. Pareciera que el objetivo es destruir toda esperanza de progreso.

Por eso es importante respaldar las movilizaciones pacíficas de los familiares de los jóvenes asesinados o desaparecidos, sumarse a la indignación de la gente en todo el país y diversas partes del mundo que ha provocado la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República deben dejar de hacer politiquería, asumir su responsabilidad y dar una respuesta satisfactoria al clamor de justicia que emerge de la sociedad.

El pueblo de México debe seguir luchando pacíficamente por la abolición de este sistema inhumano y cruel. No se trata ya de un imperativo ideológico, sino de una necesidad práctica. Las cosas no pueden seguir así.

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