En los caminos de la muerte

Lun, 10/06/2013 - 00:00

El Ejército rescató el jueves pasado a 165 migrantes que llevaban días secuestrados en el fronterizo municipio de Gustavo Díaz Ordaz, del estado de Tamaulipas. Eran 77 salvadoreños, 50 guatemaltecos, 23 hondureños, uno de la India y 14 mexicanos. Sus familiares habían sido contactados telefónicamente por los plagiarios para exigirles pagos por su liberación. Los 151 extranjeros ya fueron repatriados. Muy probablemente, junto con los mexicanos, reintentarán cruzar la frontera hacia Estados Unidos a pesar de los riesgos de asalto, trata, secuestro, extorsión y muerte.

Pero nada parece frenar ese flujo producto de la pobreza y la falta de empleo: ni éste, ni el dramático caso de las masacres de San Fernando, Tamaulipas, que cobró la vida de 206 personas en 2010 y 2011; ni las cotidianas violaciones a los derechos humanos de que son víctimas los migrantes por parte de la delincuencia organizada y de las mismas autoridades mexicanas.

De acuerdo con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, son diez los puntos formales de internación en la frontera sur, pero hay otros 56 de ingreso irregular. Es entonces una frontera porosa por la que se estima cruzan cada año unos 300 mil indocumentados centroamericanos de los que apenas unos 60 mil consiguen llegar y quedarse en Estados Unidos.

Ese flujo migratorio es carne de cañón no solamente de grupos delincuenciales mexicanos sino también centroamericanos. Pero la explotación y el abuso inicia desde los lugares de origen de los indocumentados.

El control del tráfico, trata y secuestro de migrantes en municipios tamaulipecos como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Díaz Ordaz y Ciudad Mier, lo tienen “las células del cártel de Los Zetas identificadas como El Círculo y El Extranjero... con el apoyo de grupos delincuenciales locales como La Mara 13, de El Salvador, y El Cártel de Petén, de Guatemala”, según la investigación periodística publicada ayer en La Jornada por el reportero Gustavo Castillo García.

Gobiernos van y gobiernos vienen sin que, como prometen, frenen la violencia contra los migrantes que vienen del sur y ejerzan un control más efectivo de la frontera no sólo por razones humanitarias, sino de seguridad nacional.

El actual gobierno ha anunciado un programa interinstitucional para ejercer un mayor control de la frontera sur que aún no se ha puesto en marcha. Ojalá no estemos otra vez ante otra promesa que solamente quedará en buena intención.

Instantáneas

1. ¿VÍA DE SOLUCIÓN? Ya está en manos de la Secretaría de Gobernación una proposición de la Comisión Federal de Electricidad para acabar con el problema político y social que generó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el despido de sus trabajadores. El proyecto plantea la contratación de al menos 13 mil miembros del SME que no aceptaron el pago de una liquidación y se han mantenido en pie de lucha. La recontratación se haría a través de cuatro empresas filiales de la CFE, una de las cuales daría servicio al Distrito Federal. El líder del SME, Martín Esparza, ve con buenos ojos el proyecto pero mantendrá el plantón afuera de la Segob.

2. CARTAS. Si no hubo cambio de última hora, Mariano Palacios Alcocer debió haber presentado esta mañana al papa Francisco las cartas credenciales que lo acreditan como embajador de México ante el Vaticano.

3. MALTRATO. Acuso recibo de la denuncia de un lector sobre el trabajo de los operadores de los servicios de emergencia del DF 066 y 089 que, infiero, debe ser el suyo. Se trata de las voces con las que se tiene el primer contacto al pedir ayuda por accidentes o delitos de los que ha sido víctima. Son 260 operadores de los que 160 son policías y cien civiles. Las condiciones de trabajo de estos últimos son muy malas y no han cambiado desde que este servicio se creó, hace 10 años. Ganan por honorarios asimilables al salario y no tienen la más mínima prestación. Su sueldo es de 4 mil 500 pesos mensuales, la mitad de lo que ganan los operadores policías. En la indefensión laboral son víctimas del maltrato y los abusos del responsable del 066, Aldo Daniel Cervantes Parra.

4. DESECHOS. El lector Roberto Diosdado exige respuesta a la denuncia que presentó a la Contraloría interna de Magdalena Contreras, según la cual el ex director general de Ecología de la demarcación, Eduardo Alfonso Vázquez Camacho, enterró toneladas de desechos del hospital Ángeles en el campamento de limpia de la delegación.

 
EDICIÓN

CDMX

18/07/2018

 

DESCARGA EL PDF
EDICIÓN

TOLUCA

18/07/2018

 

DESCARGA EL PDF
EDICIÓN

QUERÉTARO

18/07/2018

 

DESCARGA EL PDF
EDICIÓN

MORELOS

18/07/2018

 

DESCARGA EL PDF

CONVERSACIONES EN FACEBOOK

LO MÁS COMPARTIDO EN VOCES