Culpas y blindaje electoral

Vie, 10/05/2013 - 00:00

Las actividades formales y públicas del Pacto por México fueron retomadas el martes pasado después de la suspensión a que dio lugar la ampliamente documentada denuncia del PAN, con el respaldo del PRD, de que recursos públicos federales de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social eran desviados en Veracruz para la promoción electoral de candidatos del PRI.

Para que los principales líderes de la partidocracia volvieran a sentarse con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para cumplir la agenda de 95 puntos que avalaron el 2 de diciembre del año pasado, se tuvo que firmar un agregado al Pacto que prohíbe expresamente el uso de los programas sociales con fines electorales.

Los compromisos en ese sentido son los siguientes:

1. Sancionar debidamente a quienes hayan cometido o cometan delitos electorales.

2. Instrumentar medidas inmediatas de prevención para tener elecciones limpias, garantizar equidad en la competencia e impedir el uso electoral de programas sociales.

3. Suspender temporalmente los movimientos en los padrones de beneficiarios de programas sociales en los 14 estados donde habrá elecciones en julio próximo.

4. Publicar a nivel estatal la lista de beneficiarios de los padrones y atender, de manera inmediata, denuncias sobre quienes actúen o utilicen los programas sociales con fines electorales.

5. Investigar las cuentas bancarias de los gobiernos de los estados en las que se hagan retiros de efectivo de cantidades relevantes.

6. Crear instancias para que la sociedad civil especializada en transparencia participe en la vigilancia del uso de los recursos públicos y la operación de programas sociales.

7. Profesionalizar a los delegados federales. Estableceremos, de manera conjunta, criterios que normarán el perfil de los operadores de los programas sociales. Se adquiere con criterios de imparcialidad extensivos a los operadores de los programas sociales.

8. Crear comisiones plurales estatales para la preservación del entorno político de la competencia en cada uno de los 14 estados que tendrán elecciones, integradas por el gobernador del estado, representantes de los partidos políticos y un representante de la Secretaría de Gobernación, que atenderán denuncias, vigilarán que se cumpla estrictamente la ley y realizarán acuerdos políticos que aseguren imparcialidad y equidad en la competencia electoral.

9. Instalar una comisión nacional plural de preservación del entorno político de equidad, integrada por los presidentes de los partidos políticos nacionales, y presidida por el secretario de Gobernación que dará seguimiento al trabajo de las mesas políticas estatales y a las denuncias no resueltas en lo local.

10. Promover acuerdos para que los gobernadores y presidentes municipales se abstengan de entregar apoyos gubernamentales los 45 días previos a las elecciones y hacer públicos los padrones de todos los programas sociales a nivel municipal.

11. Presentar una iniciativa de reforma política y electoral y otra que cree el Sistema Nacional de Programas Sociales, que permita combatir con mayor eficacia la pobreza, que evite las duplicidades, los subsidios regresivos, y que establezca evaluaciones permanentes y transparencia integral.

¿Acaso el espíritu de esos acuerdos no es el mismo que anima a la actual legislación electoral? ¿Para qué sirven entonces el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Será que el indebido uso de programas sociales con fines electorales no está debidamente sancionado?

De la firma del anexo quedan claras por lo menos tres cosas:

1. Que la enumeración de sus compromisos corresponde a las violaciones que siempre han cometido los partidos en el poder y que forman parte de sus maniobras para conservarlo. Lo hacen por igual PRI, PAN y PRD. El que esté libre de culpa que lance la primera piedra.

2. Que en toda reforma electoral viene el antídoto para burlarla y que lo mismo ocurrirá, muy probablemente, en la que venga. Cuesta trabajo creer que los líderes de los partidos hayan asumido compromisos que les aten las manos para que, donde son gobierno, puedan echar mano de recursos públicos con fines electorales.

Y 3. Que Peña Nieto cometió un error político al salir a la defensa de su secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, con el argumento de no preocuparse y aguantar las críticas de aquellos a quienes ocupa y preocupa política y elecciones en lugar de la Cruzada contra el Hambre. Robles, ya se decía en este espacio, sí debió preocuparse y debería seguir muy preocupada. Por su cuenta corre el costo político que debió asumir su jefe para reencauzar el Pacto por México. ([email protected])

 
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