El embrollo del caso Góngora

Mié, 09/10/2013 - 05:00

El 22 de agosto de 2011, Ana María Orozco demandó por la vía civil a su ex pareja sentimental Genaro Góngora Pimentel, ministro en retiro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, el pago de una pensión alimentaria a favor de ella y de sus dos hijos con autismo diagnosticado, no sólo para cubrir los gastos de los menores, sino para garantizarles a ambos un acceso efectivo a la salud.

Góngora, en respuesta, denunció penalmente a Orozco por el delito de fraude, pues alegó que la casa que compró para que ahí vivieran sus hijos quedó a nombre de la madre, como si hubieran podido quedar a nombre de los menores que, además, padecen autismo. Esa condición fue parte del alegato del ministro en el sentido de que no requerían gastos para diversión.

El caso es que la denuncia por fraude, a la que agregó otra por maltrato a menores, dio lugar a que Ana María Orozco fuera recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

Ya en la cárcel, solicitó el 15 de octubre de 2012 la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del DF, la que “sin realizar mayores acciones que la consulta de expedientes” concluyó su caso en mes y medio “por no existir suficientes elementos para acreditar la (reclamada) violación de derechos humanos”.

La agraviada interpuso el 26 de febrero de 2012 un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la que tomó la investigación del caso. En el transcurso de ésta un juez ordenó la libertad de Ana María Orozco el 7 de junio de 2013 por falta de elementos. Había estado en la cárcel 100 días por un delito que no cometió.

El 27 de agosto de este año la CNDH emitió la recomendación 32/2013 dirigida al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces Luis González Plascencia, quien renunció el pasado 30 de septiembre y dejó al frente al primer visitador, Mario Patrón.

La CNDH consideró que esos servidores son responsables de acciones y omisiones por los que una mujer que reclamó pensión alimentaria fue privada de su libertad de manera ilegal e injusta, además de que su actuación configura un tipo de violencia contra la mujer al “revictimizarla” por exigir esa retribución, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan derechos humanos como la seguridad jurídica, la legalidad, el acceso a la justicia, el acceso a garantías y el derecho al debido proceso legal.

La recomendación les pide a los citados funcionarios: 1. Implementar las acciones necesarias para reparar los daños causados a Orozco y a sus dos hijos; y 2. Que en un acto público, ante las víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el reconocimiento de las violaciones en que se incurrió, dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron lugar a la recomendación.

El plazo legal para el acatamiento de la recomendación venció ayer, pero ayer mismo las autoridades involucradas pidieron que se ampliara el plazo una semana más, es decir, al 15 de octubre. ¿Ofrecerán disculpas públicas? Ya veremos. Quede registro, mientras tanto, del lío en el que el “influyentismo” de un ex presidente de la Corte metió a dos poderes del gobierno del DF (el Ejecutivo y el Judicial) y al órgano creado para defender los derechos de sus ciudadanos.

Instantáneas

1. PLAZO. Otro plazo por vencerse el próximo domingo 20 de octubre es el que el gobierno federal fijó para dar a conocer a los responsables de las acciones y omisiones en materia de uso de suelo y construcción que derivaron en los fatales daños que causó, sobre todo en Guerrero, el temporal de los últimos días.

2. VÍCTIMAS. El Senado aprobó los nombramientos de Adrián Franco Cebada, Susana Talía Pedrosa de la Llave, Julio Antonio Hernández Barros, Sergio Jaime Ochín del Rincón, Carlos Ríos Espinosa, María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

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