Petróleo: van por la apertura total

Vie, 08/11/2013 - 05:00

El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el miércoles que el presidente Enrique Peña Nieto negocia una reforma energética más ambiciosa que la que ya había propuesto; y que representantes del gobierno y del PAN avanzan “para sellar un acuerdo que permitiría al Estado compartir la producción petrolera y conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas esquisto y crudo en aguas profundas”.

De acuerdo con el WSJ, más allá de la iniciativa Peña Nieto (que propone contratos de utilidad compartida mediante los cuales Pemex y los inversionistas privados compartirían riesgos y ganancias de un proyecto mediante el pago en efectivo a particulares y con la totalidad de la producción en manos del Estado), lo que ahora se negocia es la implementación de diferentes tipos de contratos: los ya referidos de ganancias compartidas, pero solamente en campos petroleros de bajo riesgo; los de producción compartida en campos petroleros de más riesgo, donde el Estado pagaría a los particulares con parte del crudo y el gas extraídos; y los de licencia para los campos en aguas ultraprofundas, en los que la empresa privada controlaría el petróleo y gas extraídos después de pagarle al Estado regalías e impuestos.

La nota, es cierto, no cita fuentes identificables. Atribuye lo dicho a tres personas, cuya identidad no revela, que participan en las conversaciones, lo que no necesariamente significa que sea una volada. El WSJ normalmente adelanta así información sobre México que finalmente se confirma, por lo que más bien debería pensarse en una filtración interesada. Descubrir de quién, por qué y para qué, sería un buen ejercicio periodístico.

La revelación, por lo demás, es verosímil si tomamos en cuenta que:

1. La iniciativa del PAN ha planteado desde siempre los contratos de producción compartida con inversionistas privados nacionales y extranjeros.

2. La del gobierno de Peña fue suavizada. Renuncia a la exclusividad del Estado en el manejo estratégico de los hidrocarburos al abrirlo al capital privado, pero solamente propone contratos de utilidad compartida. De esa manera, se infiere, buscó atenuar las reacciones nacionalistas muy arraigadas en la mayoría de los mexicanos y evitó un choque frontal con el PRD para poder usarlo (cediéndole demandas), en la aprobación de la reforma fiscal y lograr el consenso en la reforma política dentro del Pacto por México.

3. El gobierno pretende asegurar la aprobación de la reforma energética acercándose más a la iniciativa del PAN (la que, nunca, por supuesto, le resultó desdeñable), compensando así el severo distanciamiento del blanquiazul y el sector empresarial provocado por la recién aprobada reforma fiscal que, durante los últimos días, se convirtió en causa probable del potencial retiro del apoyo panista a la propuesta del gobierno.

El PRD, que bajo el liderazgo de la Nueva Izquierda se ha acercado al gobierno como nunca en su historia, rechazó públicamente la iniciativa energética de Peña porque se opone a cualquier cambio constitucional, aunque algunos de sus más notables personajes, como el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dicen estar de acuerdo con los contratos de utilidad compartida.

Pero un planteamiento como el de la total apertura que respalda el PAN, pone a la izquierda electoral en un predicamento frente a su clientela política y lo deja con muy poco margen de maniobra. De ahí que el coordinador perredista en el Senado, Luis Miguel Barbosa, haya anunciado que se levantaban de la mesa de negociación de la reforma política hasta que se aclare si son ciertas las versiones del WSJ. Levantarse es un recurso político siempre válido que normalmente reditúa una ganancia al volver a sentarse, y que en este caso es más bien una alharaca sin importancia, porque en este caso lo que a Peña le interesa son los votos del PAN, no los del PRD.

Es claro, entonces, que aunque el PRI y PAN lo nieguen, sí se negocia esa apertura total, pues el blanquiazul sabe que sin sus votos no hay reforma energética y el gobierno lo que quiere es “amarrarla”.

Por ser constitucional requiere de dos tercios de los votos del Senado, es decir, 86. Al PRI no le alcanzaría con sus 54 votos sumados a los siete del Verde y uno de Nueva Alianza. Ni siquiera le alcanzaría en el improbable caso de que el PRD los respaldara. En este último caso, sólo sumarían 84 de los 86 necesarios. De manera que requieren de los 38 votos panistas que, después del revés fiscal, ahora están siendo encarecidos.

Por eso no hay que perder de vista en esto lo verdaderamente importante: se está negociando la entrega del petróleo. Habrá que ver hasta dónde llega el gobierno.

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